Benito Juárez.— La Fiscalía General del Estado logró un golpe contundente contra una red de extorsionadores que durante meses mantuvo bajo amenaza a operadores de transporte público en la Supermanzana 249. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra seis personas, presuntamente responsables de imponer un “derecho de piso” armado y violento que paralizó y aterrorizó a decenas de conductores.
Los imputados fueron identificados como Lucía Zuleyma “N”, Moisés Arif “N”, Benny Jonathan “N”, Raúl Antonio “N”, Francisco “N” y Ernesto de Jesús “N”. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a Secuestro y Extorsión, este grupo comenzó a operar desde junio de 2024, cuando irrumpieron en una base de combis para advertir a los operadores que, a partir de ese momento, cada uno tendría que pagarles 100 pesos semanales… o enfrentarían la muerte.
Las amenazas no quedaron en palabras. Los agresores llegaron en múltiples ocasiones armados, mostrando pistolas y asegurando que “sabían dónde vivían los operadores” si alguno se negaba a pagar. En total, 27 conductores se vieron obligados a entregar dinero cada semana, mientras la banda estructuraba un sistema de cobro que funcionaba con puntualidad criminal los días martes.
La mujer que tomó el control del cobro
El 26 de agosto, el grupo dio un giro en su operación: Francisco “N”, acompañado de otro sujeto y de Lucía Zuleyma “N”, se presentó nuevamente en la base para anunciar que, desde ese día, ella sería la nueva encargada del cobro del derecho de piso. A partir de entonces, la mujer se presentó cada semana a recoger el dinero, e incluso ordenaba a los conductores que la trasladaran a otras bases para extender su red de extorsión.
Caen tras meses de terror
La Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión contra los seis implicados, integrando un expediente sólido que permitió al juez determinar la vinculación a proceso. Debido a la gravedad del delito y al nivel de violencia ejercido, se les impuso prisión preventiva durante todo el proceso judicial.
Este caso expone una vez más la vulnerabilidad del sector transportista ante grupos delictivos que buscan financiarse mediante el cobro de piso. La vinculación a proceso representa un avance, pero también evidencia la urgencia de reforzar la vigilancia y protección para quienes trabajan en la vía pública y que, durante meses, estuvieron completamente a merced de estos delincuentes.
