La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió este jueves una transición inmediata y altamente política: Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia y figura cercana al gobierno federal, quedó al frente de la institución como encargada de despacho.
La renuncia de Gertz —aceptada por el Senado tras horas de especulación— se justificó oficialmente por su designación para una embajada. Sin embargo, dentro y fuera del Congreso se percibió como parte de un reacomodo profundo en el aparato de justicia, impulsado desde Palacio Nacional.
Un relevo calculado
Instantes antes de su salida, Gertz nombró a Godoy titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, movimiento que por ley la coloca como responsable provisional de la FGR. La maniobra garantizó un relevo sin vacío de poder y bajo una figura de plena confianza para el Ejecutivo.
Godoy, con trayectoria como fiscal capitalina y operadora clave en temas jurídicos del gobierno federal, llega al despacho con la misión de asegurar continuidad, pero también de imprimir un nuevo enfoque a la procuración de justicia.
Una Fiscalía cuestionada y un futuro incierto
La administración de Gertz se caracterizó por controversias: expedientes congelados, manejo político de ciertos casos y críticas severas por falta de resultados en investigaciones de alto impacto. Su salida abre la puerta a reorientar prioridades y reconstruir credibilidad institucional.
La llegada de Godoy, sin embargo, no está exenta de suspicacias. Sectores opositores señalan que el cambio podría significar mayor control político sobre la Fiscalía. Desde el oficialismo, en cambio, se ha presentado como una oportunidad para fortalecer el combate al crimen y optimizar procesos internos.
Los próximos días serán decisivos
Mientras Ernestina Godoy asume las riendas, el Senado deberá definir quién ocupará de forma definitiva la Fiscalía General de la República. El perfil elegido marcará el rumbo de la justicia mexicana durante los próximos años.
La transición, lejos de ser un simple trámite administrativo, se ha convertido en un momento clave para medir la capacidad del Estado de garantizar autonomía, eficacia y transparencia en una institución que concentra las investigaciones más sensibles del país.
