La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un frente de incertidumbre jurídica que ya alcanzó a compañías como Samsung y a varias maquiladoras. Tras el precedente marcado en casos fiscales recientes, la Corte parece transitar de criterios técnicos a decisiones con un claro peso político, generando una sensación de que la seguridad jurídica dejó de ser prioridad.
Detrás de este panorama hay un problema más profundo: un evidente desconocimiento, tanto en autoridades administrativas como en la propia Corte, de la diferencia entre elusión fiscal y evasión fiscal, así como una generación de neofuncionarios que no comprende la operación real de una empresa, sus compromisos financieros ni el impacto que tiene un cambio abrupto de criterios en la planeación económica.
Interpretaciones retroactivas disfrazadas de fiscalización
El conflicto actual gira en torno a reclamos millonarios al sector electrónico y maquilador, derivados de un cambio de criterio sobre retenciones de IVA y sobre el uso histórico del pedimento V5 dentro del programa IMMEX. Durante años, la autoridad diseñó, permitió y auditó estos mismos esquemas. Hoy pretende tratarlos como si fueran malas prácticas, generando escenarios de doble tributación y de inseguridad jurídica.
Se acusa a empresas de evasión, cuando lo que hicieron fue aplicar reglas que el propio Estado validó. Ese es el centro de la controversia: no se puede construir un modelo de inversión sobre un marco institucional y luego castigarlo retroactivamente.
Elusión no es evasión
En derecho fiscal, la evasión es una conducta ilícita: ocultar ingresos, simular operaciones o utilizar facturas falsas. La elusión, en cambio, es el uso legítimo de vacíos o incentivos creados por el propio sistema para optimizar la carga fiscal. La elusión se corrige con reformas legislativas; la evasión se sanciona.
Confundir ambas es jurídicamente grave y políticamente irresponsable.
Sin embargo, muchos operadores fiscales —y lamentablemente también juzgadores— han caído en la narrativa simplista de que cualquier planeación fiscal es sospechosa. Esta visión reduccionista desconoce la obligación del Estado de garantizar certeza, estabilidad normativa y trato equitativo.
Una Corte que ya no responde a razones jurídicas
La actuación reciente de la Suprema Corte sugiere que se está privilegiando una lógica de recaudación más cercana al discurso político que al análisis técnico. Cuando el tribunal constitucional deja de ser contrapeso y adopta el enfoque punitivo del Ejecutivo, se envía un mensaje contundente: la interpretación de la ley puede cambiar según el clima político.
Este comportamiento rompe con principios básicos: legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y no retroactividad. Sin esos pilares, ningún modelo económico puede sostenerse.
Neofuncionarios sin comprensión del mundo empresarial
Mientras se alienta públicamente la inversión, al mismo tiempo se criminaliza a empresas que siguieron los lineamientos vigentes. Los funcionarios que impulsan estas medidas parecen olvidar que una planta industrial no surge en semanas: requiere financiamiento, logística, empleos, tratados internacionales y reglas estables.
Cambiar la interpretación después de que una empresa construyó su modelo de operación —y luego presentarle una factura retroactiva— revela desconocimiento de cómo funciona el sector productivo. Y ese desconocimiento, cuando se combina con poder fiscal, se vuelve un riesgo país.
El costo jurídico y político de borrar la frontera entre elusión y evasión
El caso de Samsung y las maquiladoras no es solo un litigio de cifras. Es una prueba crucial para saber si México respetará reglas claras o si permitirá que la autoridad reinterprete el pasado a conveniencia.
Si la Corte continúa confundiendo conceptos y avalando criterios retroactivos, el mensaje a los inversionistas es devastador: en México no solo importa cuánto pagas, sino que las reglas pueden cambiar cuando más le convenga al gobierno.
En ese escenario, no pierde solo una empresa. Pierden los trabajadores, las cadenas de suministro, la competitividad del país y la propia credibilidad del sistema jurídico mexicano.
