Lima.- Las principales bancadas del Congreso peruano presentaron este jueves cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, argumentando que incurrió en una incapacidad moral permanente para gobernar, tras una severa crisis de inseguridad y una ola de críticas por su gestión.
Las iniciativas fueron firmadas por representantes de al menos siete de las doce bancadas con escaños parlamentarios, y serán sometidas a debate y votación en la sesión del pleno, prevista para la noche de este mismo jueves.
Entre los argumentos de los promotores de las mociones destacan la escalada de violencia, el creciente temor ciudadano ante la ola de crímenes y extorsiones, así como la falta de un liderazgo contundente frente al crimen organizado. Una de las mociones señala directamente la incapacidad de gestión y la falta de credibilidad como razones centrales para remover a la mandataria.
Para que la vacancia proceda, las mociones primero deberán ser admitidas con el respaldo de al menos 52 congresistas. Luego, si avanzan, la destitución requeriría la aprobación de 87 votos de un Congreso compuesto por 130 miembros. En caso de que los promotores logren esos respaldos, la presidenta sería llamada a comparecer ante el parlamento o, en su defecto, a través de un representante legal para ejercer su defensa.
Ante la creciente presión política, el primer ministro Eduardo Arana señaló que el gobierno aceptará la decisión que adopte el Legislativo. Mientras tanto, legisladores opositores como Norma Yarrow, de Renovación Popular, han intensificado sus críticas señalando que los peruanos viven en pánico permanente bajo un liderazgo que consideran frívolo e incapaz.
El contexto no es menor: Perú atraviesa un periodo de profunda inestabilidad institucional, con protestas frecuentes y un creciente repudio social hacia los políticos. Las mociones coinciden con un momento clave: faltan seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026, lo que añade carga política al proceso de vacancia.
Si la destitución prospera, implicaría no solo un cambio abrupto en el Poder Ejecutivo, sino también un terremoto político que redefiniría alianzas y compromisos antes de los comicios.
