Ciudad de México.- Cerca del máximo tribunal se espera hoy una movilización masiva por parte de diversos colectivos sociales y sindicatos que denuncian omisiones y presiones en decisiones de justicia.
Entre los grupos que arribarán a la Suprema Corte figuran el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Colectivo Pena Sin Culpa, la Caravana Mesoamericana por el Clima y Repartidores Unidos por México. Sus exigencias van desde la revisión de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hasta el cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
El Colectivo Pena Sin Culpa exige que la SCJN cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como García Rodríguez vs México, que declaró contrarios a derechos fundamentales la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. También exigen una audiencia pública con el ministro Hugo Aguilar Ortiz y que algunas ministras se excusen del conocimiento de ciertos asuntos por falta de imparcialidad.
El SME, por su parte, protestará por el trato que han recibido sus trabajadores por la dirección sindical, al mismo tiempo que exige que los ministros revisen la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro.
Repartidores Unidos por México también estará presente para demandar que la Suprema Corte pare la aplicación del impuesto del 2 % sobre las plataformas de reparto, argumentando que impacta directamente sus ingresos. Esto coincide con un proyecto que la ministra Lenia Batres presentó y que obligaría a dichas plataformas a contribuir por el uso intensivo de infraestructura urbana.
A estas protestas se suma un plantón de tres días instalado por la Caravana Mesoamericana, que solidariza con los pueblos zapatistas bajo agresiones en Chiapas. Ese colectivo busca visibilizar la vulnerabilidad de comunidades marginadas frente a decisiones judiciales.
El contexto de las movilizaciones coincide con una agenda clave en la SCJN: el pleno tiene previsto discutir el proyecto de la ministra Lenia Batres que grava a las plataformas de reparto. La presión social podría influir en los términos del dictamen.
Las agrupaciones convocantes advierten que estarán pendientes del actuar de los ministros y que no aceptarán simulaciones ni decisiones inobservantes de sus demandas.
