En México, denunciar ya no basta. Ahora, incluso puede convertirse en la antesala para que el agresor ascienda. Eso es lo que refleja el escándalo por el nombramiento de un elemento de la Secretaría de Marina, señalado por acoso sexual, como responsable de la Aduana de Manzanillo, uno de los puntos más estratégicos y sensibles del país.
Lejos de abrir una investigación seria o separarlo del cargo, la respuesta institucional fue exactamente la contraria: otorgarle más poder, más control y mayor margen de operación. Un mensaje que no deja espacio a la interpretación: la denuncia no frena carreras, las impulsa.
La acusación no es menor. Se trata de señalamientos por acoso sexual dentro del ámbito laboral, en un entorno donde la víctima habría enfrentado presión, aislamiento y consecuencias personales tras denunciar. El caso se agrava aún más al estar vinculado con un contexto que derivó en un suicidio, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.
Aun así, el sistema no solo falló en proteger a la víctima, sino que terminó respaldando al señalado.
El nombramiento en Manzanillo no es un puesto cualquiera. Es una aduana clave para el comercio exterior, un punto crítico en la recaudación fiscal y un nodo históricamente expuesto a redes de corrupción. Colocar ahí a un funcionario bajo cuestionamiento no solo es irresponsable, es una decisión políticamente explosiva.
El discurso oficial de “cero tolerancia” a la violencia de género queda completamente desmantelado frente a este caso. La narrativa institucional se derrumba cuando los hechos demuestran que las denuncias pueden ser ignoradas si el perfil es conveniente o forma parte de la estructura de poder.
Más grave aún: este episodio exhibe un patrón. No es un error aislado, es un síntoma de un sistema que protege a los suyos, incluso frente a señalamientos graves. La militarización de áreas estratégicas como las aduanas, sin controles civiles efectivos, agrava el problema: opacidad, falta de rendición de cuentas y una cadena de mando que se cierra sobre sí misma.
El mensaje hacia las víctimas es devastador: denunciar puede no servir de nada. Y hacia la sociedad, es todavía peor: quienes deberían rendir cuentas, son premiados.
Aquí no hay matices. No es omisión, es complicidad institucional.
