El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal por un juez, acusado de presuntos actos de corrupción relacionados con el polémico contrato de la empresa Next Energy, un proyecto energético que nunca se concretó pero sí comprometió recursos públicos millonarios.
La decisión judicial se dio tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas, en la que el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal por delitos como abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones.
El caso gira en torno a un contrato firmado durante su administración para la construcción de una planta fotovoltaica en Baja California, que implicaba pagos de hasta 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, comprometiendo las finanzas del estado por más de 30 mil millones de pesos, pese a que la obra nunca se realizó.
Aun así, se detectó que se efectuaron pagos iniciales con recursos públicos por una infraestructura inexistente, lo que detonó las investigaciones por posible desvío de recursos y manejo irregular del erario.
El proceso judicial abre un periodo de seis meses para la investigación complementaria, mientras Bonilla enfrenta el caso bajo medidas cautelares, incluida una garantía económica.
Más allá del terreno jurídico, el caso reaviva tensiones políticas en la entidad. Bonilla ha señalado que se trata de un proceso con motivaciones políticas, mientras que autoridades estatales sostienen que se busca sancionar un esquema que habría comprometido severamente las finanzas públicas.
La vinculación a proceso no es una sentencia, pero sí marca un punto de quiebre: por primera vez, un exgobernador enfrenta formalmente a la justicia por decisiones tomadas desde el poder.
El mensaje es claro: los contratos heredados del pasado ya no solo se revisan, ahora también se judicializan.
