Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) concretó la devolución de tres inmuebles a Sandra Ávila Beltrán, figura vinculada en su momento al Cártel de Sinaloa, como resultado de un proceso legal que se prolongó por más de una década.
Las propiedades, ubicadas en la alcaldía Magdalena Contreras de la capital del país, habían sido aseguradas desde 2003 en el marco de investigaciones por delitos contra la salud. Sin embargo, tras diversas resoluciones judiciales, se determinó la cancelación del aseguramiento, lo que permitió su restitución.
La devolución deriva de un juicio de amparo promovido por Ávila Beltrán, quien reclamó el incumplimiento de una orden judicial emitida desde 2014 que instruía la entrega de los bienes. El caso avanzó hasta instancias federales, donde se ordenó reponer el procedimiento y garantizar el cumplimiento de dicha resolución.
De acuerdo con los informes presentados ante un juzgado de distrito en materia penal, la Fiscalía acreditó con documentación oficial que el aseguramiento de los inmuebles había sido cancelado, lo que permitió cerrar el litigio en favor de la exacusada.
El caso de la llamada “Reina del Pacífico” ha sido uno de los más emblemáticos dentro de la historia reciente del narcotráfico en México. Aunque fue absuelta en el país por falta de pruebas en delitos de tráfico de drogas, enfrentó procesos en Estados Unidos, donde se declaró culpable y cumplió una condena, para posteriormente regresar a México, donde obtuvo su libertad en 2015 tras la revocación de una sentencia por lavado de dinero.
Esta resolución evidencia las complejidades jurídicas en torno al aseguramiento de bienes vinculados a investigaciones de narcotráfico, así como los efectos de los amparos y recursos judiciales que, con el paso del tiempo, pueden revertir acciones del Estado cuando no se sostienen plenamente en derecho.
