Ciudad de México.— Nuevos señalamientos de presuntas irregularidades sacuden al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), luego de que se exhibiera a la funcionaria Lyadalid Martínez Domínguez, quien se desempeña como subdirectora de Administración y Proveedora de Servicios, por su posible participación en la asignación indebida de contratos, particularmente en servicios de limpieza.
De acuerdo con la información difundida, la funcionaria ha sido vinculada con una contratación irregular, además de acumular diversas denuncias y quejas internas relacionadas con su gestión.
Las acusaciones apuntan a prácticas como la cancelación de contratos previamente adjudicados para beneficiar a determinadas empresas, lo que ha levantado sospechas de posibles conflictos de interés y favoritismo dentro del organismo.
Empresarios y trabajadores han denunciado que estas decisiones no solo afectan la transparencia en los procesos de licitación, sino que también vulneran las condiciones laborales, ya que algunas de las empresas favorecidas presentan antecedentes de incumplimientos, como retrasos en pagos y falta de prestaciones.
Además, testimonios internos señalan un ambiente laboral marcado por presiones, cargas de trabajo fuera de horario y amenazas laborales, lo que agrava el panorama al interior de la institución.
Cabe destacar que este no sería un hecho aislado, ya que la funcionaria habría sido señalada previamente por prácticas similares en otros cargos dentro de la administración pública, lo que refuerza las exigencias de una investigación a fondo.
El caso ha escalado incluso al ámbito federal, incrementando la presión para que intervengan instancias de control y fiscalización, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Este nuevo señalamiento vuelve a poner en entredicho los mecanismos de transparencia dentro del Infonavit, una institución clave para millones de trabajadores en México. La exigencia es clara: investigar a fondo, sancionar posibles irregularidades y garantizar el uso correcto de los recursos públicos destinados a la vivienda.
