Cancún.- Un juez en Quintana Roo otorgó un amparo en contra de la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) aprobado en 2022 en el municipio de Benito Juárez, debido a una serie de violaciones a las leyes relacionadas con la participación ciudadana y a los procesos de proyección de asentamientos humanos del estado.
La resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo deja sin efectos el PDU al reconocer el interés legítimo de residentes quejosos del norte de Cancún de solicitar su derecho a un ambiente sano.
El documento ordena al Ayuntamiento de Benito Juárez a reponer el procedimiento para formular y aprobar el PDU de Cancún, garantizando el acceso a la ciudadanía y la verdadera participación ciudadana, así como elaborar el PDU a partir de un atlas de riesgo y planes de movilidad.
El Ayuntamiento de Benito Juárez puede apelar la decisión del juez y acudir a un tribunal colegiado, pero eso sería defender a intereses particulares, denunció Antonela Vázquez, integrante de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que promovió el amparo ante el PDU, el cual considera aumentar las densidades en varias zonas de la ciudad.
Esperamos lo peor, dijo, pero espera la participación ciudadana para que se reponga el proceso y además el Congreso emita la resolución del juzgado.
El PDU 2022 violó el “derecho de participación ciudadana concomitante con el derecho de transparencia y acceso a la información, puesto que la autoridad municipal no dio respuesta a las observaciones que emitieron los ciudadanos que participaron en el proceso” de consulta, señala la resolución del juzgado.
“Lo anterior es fundado y basta para conceder la protección constitucional” del amparo a los quejosos, dice el documento.
Según la versión pública de la resolución, un juez afirma que las autoridades municipales publicaron un PDU distinto al proyecto sometido a consulta.
Antonela Vázquez, integrante de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), dijo que no hubo las herramientas necesarias para la participación ciudadana y no fueron integradas las aportaciones de sectores académico, profesional y especializado al proyecto.
Explicó que el juez calificó a la consulta pública como una ilusión, porque las autoridades convocan a talleres, a tomarse la foto, pero todas las opiniones “se archivaron”.
Vázquez también resaltó que el juez criticó al PDU 2022 porque no posee un atlas de riesgo, lo que representa una oportunidad para que el Congreso emita una ley al respecto.
“La autoridad municipal (de Benito Juárez) no acreditó que cuenta con un atlas de riesgo, plan de movilidad estudios de carga ambiental y/o evaluaciones de impacto ambiental generados especialmente para la formulación del programa de desarrollo urbano reclamado”, indica la resolución del juez.
El magistrado, agregó Antonela Vázquez, critica en la resolución que los municipios tienen “carta blanca” para aprobar PDU sin aplicar información ni estudios de movilidad”.
En el caso del PDU 2022 del Ayuntamiento de Benito Juárez solamente se utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para sustentarlo.
La resolución, abundó Antonela Vázquez, señala la omisión legislativa para la elaboración de PDU en los municipios, ya que no se exigen estudios de capacidad de carga, de impacto ambiental, de aplicación de información de atlas de riesgo, ni estudios de movilidad.
La integrante del DMAS aclaró que la resolución del juez excluye las obras del Gobierno federal.
En la conferencia de prensa participó también Carmen Báez, representante vecinal de la supermanzana 15 y de la Red de Comités Vecinales, quien reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades y empresas para tener una vida benéfica para todos y construir una ciudad para todos.
Vázquez dijo que la resolución del juez debe ser una oportunidad para que el Congreso de Quintana Roo incorpore a la Ley de Asentamientos Humanos la obligación de los ayuntamientos de contar con atlas de riesgo y planes de movilidad para la elaboración de los PDU, así como de impacto ambiental y de capacidad de carga.
Además, que se apruebe una norma transitoria que prevea la obligación de los ayuntamientos para adecuar los PDU vigentes.
