El derrumbe de Diego Rivera Navarro no es una sorpresa: era cuestión de tiempo para que cayera el hombre que convirtió a Tequila en su finca personal y en plataforma de operaciones para una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante su mandato, Rivera Navarro manejó el municipio como si fuese su propio cártel: levantones, cobro de piso, golpizas, amenazas de muerte, clausuras fabricadas y extorsiones descaradas contra quien se atreviera a no alinearse. Empresarios, comerciantes, opositores y hasta funcionarios fueron sometidos al régimen de terror del alcalde que presumía, sin pudor, estar “protegido” por el CJNG.
Los testimonios son brutales:
- Negocios obligados a pagar cuotas mensuales a punta de pistola.
- Clausuras usadas como arma política y criminal para exprimir dinero.
- Aspirantes políticos secuestrados y torturados hasta obligarlos a renunciar.
- Policías municipales convertidos en escoltas del crimen por órdenes del propio alcalde.
Rivera Navarro no gobernaba: operaba como jefe de plaza. Y su gabinete no era un equipo de gobierno, sino un grupo de cómplices que facilitaban el control del territorio, las amenazas y el sometimiento de la población.
Por eso la caída del alcalde no es un caso más: es la prueba dura de cómo el poder político local puede convertirse en una extensión operativa del narco, disfrazada de administración pública y legitimada por el voto.
Hoy, con el edil y su círculo cercano bajo custodia, la pregunta es inevitable: ¿cuántos municipios más están gobernados por criminales con fuero?
