CANCÚN, Q. ROO. — Tras casi cinco años de lucha incansable de su madre, María Patrón, la justicia comenzó a dar un paso —aunque tardío— en el caso de Francisca Mariner Flores Patrón, la joven desaparecida el 22 de junio de 2020 y cuyo cuerpo permaneció sin identificar en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún durante años.
Este martes, un juez de control vinculó a proceso a un ex fiscal de Homicidios y a un ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), señalados por negligencia en la investigación que llevó al extravío de información clave y al estancamiento del expediente que buscaba a la joven.
La audiencia, que se extendió por casi once horas —de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche—, concluyó con la determinación judicial de imponer medidas cautelares a los ex servidores públicos: no podrán salir del país, acercarse a la madre de la víctima ni contactar a testigos del caso.
Una lucha que no se detuvo
Para María Patrón, madre de Francisca, la resolución representa un respiro en una batalla marcada por la indiferencia institucional y el dolor de la espera. “Ellos sabían que el cuerpo de mi hija estaba ahí, pero callaron”, expresó con voz quebrada tras conocer la decisión del juez.
De acuerdo con la abogada Ariadne Song, defensora de la familia, los imputados ocultaron información durante años. El ex fiscal a cargo habría realizado el levantamiento del cuerpo sin ordenar el perfil genético correspondiente y omitió notificar al área de Feminicidios, impidiendo que la investigación avanzara como correspondía.
Por su parte, el ex agente del Ministerio Público mantuvo la carpeta de desaparición congelada por más de cuatro años y medio, sin realizar diligencias sustantivas, revictimizando así a la familia y prolongando el sufrimiento de una madre que nunca dejó de buscar.
Justicia que llega tarde
El proceso judicial contra los ex funcionarios se llevará a cabo en libertad, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria y una duración estimada de dos años. Los imputados cuentan con tres días para impugnar la resolución.
Con esta decisión, ya son tres ex servidores públicos vinculados a proceso por su presunta participación negligente en el caso. Uno de ellos continúa prófugo, mientras otro se encuentra bajo investigación complementaria.
En tanto, Ángel Conrado Salas Blanco, ex pareja sentimental de Francisca Mariner, fue sentenciado a 50 años de prisión por su responsabilidad directa en la desaparición y asesinato de la joven.
Un caso que exhibe el costo humano de la negligencia
El hallazgo del cuerpo de Francisca en el Semefo, tras años de permanecer ahí sin ser identificado, simboliza la fractura del sistema de procuración de justicia y la falta de protocolos eficaces para la búsqueda de mujeres desaparecidas.
“Mi hija pudo haber regresado antes, si hubieran hecho su trabajo”, lamentó María Patrón, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia para otras madres buscadoras en Quintana Roo.
Un llamado a la memoria y a la responsabilidad
El caso de Francisca Mariner no sólo evidencia errores institucionales: pone de manifiesto la urgencia de transformar la forma en que las autoridades atienden la violencia contra las mujeres y las desapariciones en México.
Cada omisión, cada carpeta olvidada y cada cuerpo no identificado representa una vida suspendida entre la impunidad y el dolor.
Hoy, la justicia comienza a moverse, pero para las madres que buscan, el tiempo perdido nunca se recupera.
