El dictamen de la Fiscalía General de la República confirmó que el Tren Interoceánico circulaba a exceso de velocidad en los tramos donde ocurrió el descarrilamiento que dejó múltiples víctimas en Oaxaca. La locomotora rebasó de forma constante los límites permitidos: hasta 150 km/h en zonas rectas y por encima del máximo establecido en las curvas críticas donde finalmente se salió de las vías.
La FGR ya adelantó que ejercerá acción penal por homicidio culposo y lesiones, centrando la responsabilidad en el personal operativo y técnico. Los peritajes, incluida la lectura de la “caja negra”, apuntan al factor humano como origen del siniestro.
En pleno escrutinio nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum exoneró públicamente a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Aseguró que su participación en el proyecto fue “honoraria” y administrativa, sin funciones técnicas ni operativas, por lo que —según dijo— no existe motivo para investigarlo.
La declaración presidencial desató críticas inmediatas. Sectores de la oposición, organizaciones civiles y familiares de víctimas consideran que la exoneración anticipada abre la puerta a un posible blindaje político para proteger a figuras cercanas al antiguo círculo presidencial, mientras la investigación penal se concentra exclusivamente en mandos menores y personal de operación.
Analistas advierten que la mezcla entre responsabilidad técnica y protección política vuelve a golpear la credibilidad del proyecto y de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos. Mientras tanto, víctimas y ciudadanos exigen un dictamen íntegro que responda a la pregunta central: ¿por qué un tren que rebasaba los límites de seguridad terminó operando sin control hasta descarrilar?
El informe final de la FGR se espera en los próximos días, en medio de un debate que no solo apunta a fallas humanas, sino a las decisiones políticas que rodearon uno de los proyectos emblemáticos del sexenio pasado.
