Ciudad de México.— El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio el golpe final a uno de los escándalos políticos más incómodos del obradorismo: el caso de los llamados “sobres amarillos” de Pío López Obrador quedó definitivamente cerrado, sin sanciones y sin responsabilidades acreditadas.
La Sala Superior del Tribunal rechazó reabrir la investigación y confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que no existen elementos suficientes para acreditar un delito electoral. El argumento central: los videos difundidos en 2020, donde se observa a Pío López recibiendo dinero en efectivo, no tienen valor probatorio suficiente para demostrar financiamiento ilícito.
Con esta decisión, los magistrados respaldaron que la autoridad electoral fue “exhaustiva” en su investigación y que no hay evidencia que vincule el dinero con campañas políticas o con Morena, pese a la naturaleza del material exhibido públicamente.
El caso, que durante años alimentó el discurso anticorrupción de la oposición y puso en entredicho la narrativa de “honestidad” del movimiento gobernante, se diluye ahora en una resolución técnica que deja más dudas que certezas en la opinión pública.
La polémica no es menor. En los videos se observa la entrega de dinero en efectivo por parte de David León, entonces operador político en Chiapas, en lo que inicialmente se interpretó como posibles aportaciones ilegales a campañas. Sin embargo, la falta de registros contables, bancarios o fiscales terminó por desfondar la acusación en el ámbito jurídico.
Más allá del expediente, el fondo político es el que genera mayor fricción. La decisión del TEPJF se percibe, para amplios sectores, como un mensaje de cierre institucional a un caso incómodo que involucraba directamente al círculo familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El carpetazo no solo cancela cualquier posibilidad de sanción; también reaviva el debate sobre la eficacia del sistema de fiscalización electoral y la capacidad real de las instituciones para investigar a figuras cercanas al poder.
En términos estrictamente legales, el caso está concluido. En términos políticos, el costo de percepción apenas comienza.
