Tijuana, Baja California.– Un escándalo sacude a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), luego de que 14 agentes fueran suspendidos de manera preventiva por su presunta participación en el robo de alrededor de 180 kilogramos de cocaína pertenecientes a un grupo delictivo en la zona de Ojo de Agua, en Tijuana.
La decisión fue tomada por el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, tras detectarse indicios sólidos que vinculan a los elementos con la sustracción del estupefaciente, ocurrida a inicios de octubre.
Investigación en curso
De acuerdo con las investigaciones, cámaras de videovigilancia captaron vehículos oficiales de la FESC ingresando a la zona donde se reportó el robo de la droga. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta FED/BC/TIJ/0002996/2025 y asumió el caso por tratarse de un posible delito relacionado con delincuencia organizada.
Los agentes suspendidos son investigados por presunto uso indebido de recursos oficiales, aprovechamiento de su cargo para sustraer droga decomisada y colaboración con grupos delictivos que operan en la frontera. Las autoridades federales analizan si se utilizó armamento, unidades o información institucional en la ejecución del ilícito.
Reacciones y medidas
La Secretaría de Seguridad estatal calificó el hecho como “grave” y aseguró que no habrá tolerancia para quienes traicionen la confianza ciudadana. La suspensión busca evitar que los agentes interfieran en las investigaciones mientras se determina su responsabilidad penal y administrativa.
Por su parte, los policías señalados habrían manifestado su inconformidad con la medida, alegando que la sanción se basó únicamente en versiones periodísticas, sin pruebas concluyentes. Sin embargo, la dependencia estatal sostiene que existen evidencias suficientes para mantener la suspensión.
Crisis de confianza en las corporaciones
El caso ha encendido las alarmas dentro del sistema de seguridad de Baja California y reaviva el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales. Las autoridades federales no descartan ampliar la investigación a otros mandos y funcionarios.
Este episodio deja en evidencia los desafíos que enfrenta el estado en materia de seguridad pública y control interno, mientras la FGR continúa las indagatorias para determinar el paradero de la droga y las posibles conexiones entre los agentes y las redes criminales que operan en la región fronteriza.
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