Culiacán, Sinaloa.— Dos años después del comienzo de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, la violencia ya no puede explicarse únicamente como un enfrentamiento entre grupos armados. Los homicidios, desapariciones, desplazamientos y ataques contra representantes políticos, sindicales y productivos muestran una disputa que penetró la vida pública y trastocó la economía del estado.
La fractura entre Los Chapitos —facción vinculada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y La Mayiza —identificada con los herederos y operadores de Ismael “El Mayo” Zambada— convirtió a Culiacán, Navolato, Mazatlán y comunidades rurales en territorios sujetos a una violencia persistente.
Aunque las autoridades federales atribuyen directamente más de mil 500 homicidios a la confrontación criminal, otros recuentos contabilizan más de tres mil 700 asesinatos dolosos en Sinaloa desde septiembre de 2024. La diferencia evidencia otro problema: no existe una cifra pública única que permita dimensionar cuántas muertes están relacionadas de manera comprobada con la pugna del cártel.
Cuén Ojeda: el crimen que anticipó la ruptura
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, exalcalde de Culiacán y fundador del Partido Sinaloense, se convirtió en el primer episodio político de gran alcance relacionado con la crisis.
Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024, el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada apareció detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.
La versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa sostuvo que el exrector había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera. Sin embargo, la Fiscalía General de la República encontró inconsistencias en los peritajes, cuestionó la mecánica presentada por las autoridades estatales y estableció que el homicidio habría ocurrido en el lugar donde Zambada fue privado de la libertad antes de ser trasladado a Estados Unidos.
El caso provocó la renuncia de la entonces fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez, y abrió interrogantes que todavía alcanzan a instituciones políticas y de procuración de justicia. La captura de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como testigo clave de aquellos acontecimientos, volvió a colocar el expediente en el centro de la discusión pública.
El homicidio de Cuén no solamente antecedió a la guerra: mostró desde el principio que la ruptura criminal tenía conexiones, consecuencias y posibles encubrimientos más allá de las estructuras del narcotráfico.
Faustino Hernández: la violencia golpea al campo
El 30 de septiembre de 2024, cuando la confrontación apenas cumplía tres semanas, fue asesinado Faustino Hernández Álvarez, exdiputado local, dirigente ganadero y figura histórica de las organizaciones campesinas de Sinaloa.
Hombres armados ingresaron al fraccionamiento Parque Alameda, en Culiacán, y atacaron al productor. En los hechos también murió un trabajador identificado como Jesús “N”.
Hernández había presidido la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, la Asociación Estatal de Usuarios de Riego y la Liga de Comunidades Agrarias. Su muerte tuvo un significado que rebasó el ámbito político: la violencia había alcanzado a un representante de sectores estratégicos para la economía estatal.
En una entidad dependiente de la agricultura, la ganadería y el transporte de mercancías, el control de caminos, comunidades y rutas productivas adquiere un enorme valor económico para los grupos delictivos. Los asesinatos y amenazas contra productores no pueden analizarse de manera aislada de esa disputa territorial.
Sindicalistas bajo ataque
La violencia también penetró las estructuras laborales del Ayuntamiento de Culiacán. Homar Salas Gastélum, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, fue asesinado durante un ataque armado.
En la agresión también perdió la vida Benjamín Ontiveros, quien asumiría responsabilidades dentro de la organización sindical. El doble homicidio dejó al gremio municipal sin dos de sus representantes y provocó protestas de trabajadores que exigieron justicia.
El ataque mostró la vulnerabilidad de dirigentes que administran relaciones laborales, representación de trabajadores y espacios de interlocución con el gobierno. Hasta ahora, las autoridades no han presentado públicamente una explicación concluyente sobre el móvil ni han aclarado si el crimen estuvo relacionado con la pugna criminal.
Esa falta de resultados se repite en numerosos expedientes: se abren carpetas de investigación, se anuncian diligencias y después prevalece el silencio institucional.
Tepuche: gobernar bajo amenaza
El asesinato de David Guadalupe Ramírez González, síndico municipal de Tepuche, expuso el riesgo de ejercer una autoridad comunitaria en territorios disputados.
Ramírez González y su hermano Manuel fueron privados de la libertad por un comando. El funcionario fue encontrado muerto, mientras su hermano falleció posteriormente en un hospital.
Cinco meses antes, David Ramírez había asumido el cargo en sustitución de Héctor Bartolo Zamudio, ejecutado el 31 de marzo. Dos titulares asesinados en un mismo año revelan el grado de descomposición que enfrenta Tepuche, una sindicatura estratégica al norte de Culiacán.
La región ha padecido enfrentamientos, incursiones armadas y desplazamientos forzados. La violencia llegó al extremo de reducir la participación ciudadana en los procesos para elegir autoridades locales: ocupar un cargo público se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Las víctimas que no disputaban nada
El rostro más brutal de la guerra no está únicamente en las figuras públicas asesinadas. Está en las personas que quedaron atrapadas en ataques, balaceras y operativos sin formar parte de las organizaciones criminales.
Juan Alejandro, un bebé de un año y cuatro meses, murió tras resultar herido durante un ataque armado registrado en la colonia Prados del Sur, en Culiacán. El menor viajaba con su familia cuando fue alcanzado por los disparos.
Su muerte resume la dimensión humana de la crisis: la población civil quedó expuesta a una confrontación cuyos límites se desdibujaron entre calles, viviendas, comercios, carreteras, hospitales y centros de rehabilitación.
Desde septiembre de 2024 también se han acumulado más de mil 500 reportes de personas desaparecidas. Madres y colectivos de búsqueda recorren terrenos y fosas clandestinas mientras enfrentan amenazas.
La activista Alma Rosa Rojo sobrevivió en agosto de 2026 a un ataque armado en Culiacán cuando viajaba acompañada por su hija y sus nietas. El atentado evidenció los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus familiares y denuncian públicamente la crisis de desapariciones.
La disputa detrás de la violencia
La guerra estalló abiertamente el 9 de septiembre de 2024, semanas después de la captura de “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. El capo acusó a Joaquín Guzmán López de haberlo llevado mediante engaños a una reunión y entregarlo a las autoridades estadounidenses.
La supuesta traición rompió el equilibrio interno que durante décadas permitió al Cártel de Sinaloa distribuir territorios, negocios y rutas bajo distintos liderazgos.
Desde entonces, Los Chapitos y La Mayiza mantienen una confrontación que combina asesinatos selectivos, desapariciones, propaganda, bloqueos, despojo de vehículos y ataques contra comunidades. La lucha no se limita al trasiego de drogas: implica dominar policías locales, caminos rurales, actividades económicas y redes de información.
Los objetivos elegidos permiten observar el alcance del conflicto. La muerte de políticos puede debilitar estructuras de poder; la eliminación de autoridades comunitarias facilita el control territorial; los ataques contra sindicalistas afectan espacios de representación laboral, y las agresiones a productores golpean sectores fundamentales para la economía.
Esto no significa que todos los homicidios hayan sido ordenados por una misma facción. En varios casos las fiscalías no han determinado públicamente el móvil ni identificado a los responsables. Atribuir cada crimen al cártel sin pruebas sería tan incorrecto como negar el contexto en el cual ocurrieron.
Militarización sin pacificación
El Gobierno federal ha desplegado miles de integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, además de personal de inteligencia y unidades especiales. Los operativos permitieron detener o abatir a objetivos prioritarios, asegurar armas y desmantelar laboratorios clandestinos.
Sin embargo, los golpes contra las estructuras criminales no se han traducido en una pacificación sostenida. Las facciones sustituyen mandos, forman nuevas alianzas y reorganizan sus células, mientras la violencia se desplaza de una comunidad a otra.
El problema central es que la estrategia continúa concentrada en contener enfrentamientos y capturar operadores, pero no ha logrado recuperar plenamente los espacios institucionales, económicos y comunitarios condicionados por el crimen.
A esto se suma la crisis de confianza provocada por la investigación inicial del asesinato de Cuén Ojeda. Cuando una institución presenta una versión posteriormente cuestionada por la autoridad federal, el daño no queda reducido a un expediente: alcanza la credibilidad de todo el sistema de justicia.
El costo que no aparece completo en las estadísticas
La guerra dejó comercios cerrados, rutas de transporte suspendidas, clases interrumpidas y comunidades abandonadas. También provocó pérdida de empleos, reducción de inversiones y afectaciones a las actividades agrícolas y ganaderas.
Pero el deterioro más profundo es social. En amplias zonas de Sinaloa, las familias modificaron horarios, recorridos y actividades por miedo. Las noticias sobre desapariciones se normalizaron y la violencia impuso reglas no escritas sobre cuándo salir, por dónde circular y qué hechos pueden denunciarse.
A dos años del inicio de la confrontación, el saldo ya no admite la narrativa de una disputa exclusiva entre delincuentes. Las víctimas incluyen funcionarios, dirigentes sociales, productores, trabajadores, buscadoras, jóvenes y niños.
Sinaloa no enfrenta solamente una guerra interna del cártel. Enfrenta una crisis de autoridad, justicia y protección ciudadana en la que cada homicidio sin esclarecer amplía el territorio de la impunidad.
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