Tepic, Nayarit.— Un presunto plan criminal para asesinar al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y a la fiscal general del estado, Elvia Ludmila Heredia, fue descubierto mediante labores de inteligencia antes de que pudiera ejecutarse.
La fiscal reveló que el ataque habría sido preparado para realizarse durante una conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit, encuentro que concentraría en un mismo lugar a funcionarios de primer nivel.
Según la información disponible, los investigadores lograron identificar anticipadamente la operación y las rutas que presuntamente utilizarían los responsables para cometer el doble homicidio. La intervención de las autoridades permitió neutralizar el plan, aunque todavía no se han divulgado todos los detalles sobre su preparación ni la identidad de sus posibles autores intelectuales.
Heredia informó que diez personas se encuentran detenidas por su presunta relación con la colocación de narcomantas en diferentes puntos del estado, algunas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras por el Cártel de Sinaloa.
Los sospechosos también estarían vinculados con un homicidio y con la investigación del atentado frustrado. Será responsabilidad de las autoridades acreditar ante los tribunales la participación individual de cada detenido.
El caso representa una amenaza de enorme gravedad institucional. El objetivo no habría sido solamente atentar contra dos servidores públicos, sino enviar un mensaje directo a la estructura política y de procuración de justicia de Nayarit.
La posibilidad de que un grupo criminal conociera la agenda, el lugar y los desplazamientos de altos funcionarios obliga a investigar si existieron filtraciones internas, labores de vigilancia o complicidades dentro de alguna institución.
Neutralizar a los presuntos operadores materiales será insuficiente si no se identifica quién ordenó el ataque, cómo obtuvo la información necesaria para planearlo y qué organización contaba con la capacidad operativa para ejecutarlo.
También deberá aclararse si las narcomantas atribuidas a grupos rivales reflejan una disputa real por el territorio o si fueron utilizadas para confundir a las autoridades y desviar las investigaciones.
El gobierno estatal tiene ahora la obligación de informar, sin comprometer las diligencias, el alcance del plan, la situación jurídica de los detenidos y las medidas adoptadas para evitar que las instituciones sean infiltradas por intereses criminales.
Haber impedido el atentado representa un resultado importante de inteligencia. Sin embargo, mientras no sean identificados y procesados sus autores intelectuales, la amenaza contra las instituciones de Nayarit permanecerá abierta.
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