Una declaración del analista Simón Levi sacudió el tablero político y judicial internacional al asegurar que Ovidio Guzmán ya habría rendido testimonio como testigo clave en el proceso por narco-terrorismo que enfrenta Nicolás Maduro Moro en Estados Unidos, con Tulum señalado como uno de los puntos sensibles del presunto esquema criminal.
Levi adelantó que la audiencia programada para este viernes 9 de enero de 2026 en la Corte Federal de Chicago fue pospuesta por la jueza Sharon Johnson Coleman hasta el 10 de julio de 2026, una decisión que, lejos de calmar las aguas, incrementó las sospechas sobre la profundidad del expediente y la relevancia del testimonio ya presentado.
Según la versión difundida, Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López sostienen la base de los cargos contra el régimen venezolano, al describir una red que habría permitido el traslado sistemático de droga desde Venezuela hacia México, con rutas que involucrarían puertos y aeropuertos estratégicos.
El señalamiento adquiere una dimensión política explosiva al involucrar directamente a México. De acuerdo con Levi, Ovidio ya habría detallado qué autoridades mexicanas facilitaron el flujo de cargamentos, mencionando de manera expresa el aeropuerto de Tulum, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En esa declaración, siempre bajo la versión expuesta por el analista, aparecen nombres de alto nivel del aparato civil y militar: Rafael Marín, Audomaro Martínez, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda Durán, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán.
La mención directa de Tulum, uno de los principales polos turísticos y de inversión del país, convierte el caso en una bomba política de alcance nacional e internacional. No se trata solo de un expediente contra un mandatario extranjero, sino de un relato que cuestiona la narrativa oficial mexicana de no complicidad con el narcotráfico internacional.
La reprogramación de la audiencia refuerza la percepción de que el proceso entra en una fase delicada: protección de testigos, negociación de acuerdos y consolidación de pruebas. El silencio de las autoridades contrasta con la magnitud de los señalamientos.
Julio de 2026 aparece ahora como una fecha clave. Si las afirmaciones se confirman en tribunales, Tulum dejaría de ser únicamente un símbolo turístico para convertirse en referencia obligada dentro de uno de los juicios más incómodos y explosivos de la región, con consecuencias que podrían sacudir gobiernos, alianzas y discursos oficiales.
