Ciudad de México.– El Senado de la República volvió a entrar en terreno pantanoso: intenta llamar a cuentas a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal estatal por la muerte de dos agentes estadounidenses, aun cuando legalmente carece de facultades para obligarlos a comparecer.
El caso, que ya tensó la relación entre México y Estados Unidos, detonó una ofensiva política en el Congreso, donde legisladores de Morena impulsaron un citatorio para que la mandataria estatal y el fiscal expliquen la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. Sin embargo, dentro del propio Senado se reconoció lo evidente: la gobernadora no está obligada a acudir.
El senador Óscar Cantón admitió que la titular del Ejecutivo estatal puede simplemente ignorar el llamado sin consecuencia jurídica alguna, dejando en evidencia que el intento legislativo tiene más carga política que sustento constitucional.
El fondo del conflicto es delicado. La muerte de dos estadounidenses —identificados como presuntos agentes de inteligencia— y de dos funcionarios mexicanos ocurrió tras un operativo en la sierra de Chihuahua, lo que abrió cuestionamientos sobre la posible intervención extranjera no autorizada.
La polémica escaló por las contradicciones en las versiones oficiales. Mientras autoridades estatales han modificado su narrativa, a nivel federal se ha sostenido que no se tenía conocimiento previo de la presencia de agentes extranjeros, lo que abre la puerta a posibles violaciones a la soberanía nacional.
En medio del ruido, el Senado intenta colocarse como actor central, pero sin herramientas legales reales. El resultado es un citatorio simbólico que exhibe la fragilidad institucional frente a un asunto que involucra seguridad, cooperación internacional y responsabilidades políticas.
La oposición acusa que el oficialismo busca desviar la atención hacia el gobierno estatal, mientras Morena insiste en que el caso no puede quedar sin explicaciones.
Lo cierto es que el episodio deja una conclusión incómoda: nadie aclara quién autorizó la presencia de agentes extranjeros en operaciones sensibles dentro de México… y el Senado, lejos de resolverlo, solo evidencia sus propios límites.
