Ciudad de México.– La narrativa oficial del gobierno federal sobre la presencia de agentes de la CIA en México comienza a resquebrajarse. Reportes recientes revelan que, en lo que va de 2026, al menos tres operativos en Chihuahua contaron con la participación de agentes estadounidenses… y también de elementos del Ejército mexicano.
El dato no es menor. Si hubo intervención de fuerzas armadas, resulta difícil sostener que el gobierno federal desconocía estas acciones.
La polémica se detonó tras la muerte de dos agentes estadounidenses —identificados como integrantes de la CIA— y dos funcionarios mexicanos, luego de un operativo contra laboratorios clandestinos en la sierra de Chihuahua. Las investigaciones apuntan a que los agentes no estaban en funciones pasivas, sino involucrados directamente en acciones en campo.
Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su administración no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros y ha reiterado que la legislación mexicana prohíbe su participación operativa sin autorización federal.
Sin embargo, esa postura entra en contradicción directa con los hechos. La participación del Ejército implica coordinación institucional, líneas de mando y autorización previa, lo que vuelve poco creíble la versión del desconocimiento.
El caso ya escaló a una crisis política. Mientras desde el gobierno federal se busca trasladar responsabilidades hacia autoridades estatales, la oposición cuestiona si en realidad se intenta encubrir una operación que, por su naturaleza, difícilmente pudo ejecutarse sin aval central.
El fondo es delicado: la posible intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin claridad en su autorización y el papel de las fuerzas armadas mexicanas en esos operativos.
La pregunta que queda en el aire es incómoda, pero inevitable: si el Ejército participó… ¿quién dio la orden?
Porque en este caso, el problema no es solo lo que ocurrió, sino lo que el gobierno insiste en no reconocer.
