El cerco judicial y financiero contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, volvió a cerrarse este martes luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutara el embargo de tres propiedades ubicadas en Cozumel, presuntamente vinculadas al exmandatario priista por adeudos fiscales y posibles irregularidades patrimoniales.
El aseguramiento de los inmuebles reactivó uno de los capítulos más oscuros de la historia política reciente de Quintana Roo, marcada por denuncias de saqueo, desvío de recursos, operaciones inmobiliarias irregulares y una compleja red de prestanombres que, según distintas investigaciones, habría servido para ocultar bienes y fortunas acumuladas durante el sexenio borgista.
Aunque las autoridades fiscales no han revelado oficialmente el monto total de los adeudos ni los detalles completos del procedimiento, fuentes cercanas al caso aseguran que los embargos forman parte de una estrategia más amplia para rastrear propiedades, empresas y activos presuntamente ligados al exgobernador y a su círculo político-financiero.
El caso vuelve a colocar bajo los reflectores las múltiples operaciones inmobiliarias realizadas durante la administración de Borge, especialmente en destinos turísticos de alto valor como Cozumel, Cancún, Tulum y la Riviera Maya, donde durante años se denunció la venta irregular de terrenos y el presunto uso de terceros para ocultar patrimonio.
Dentro de los pasillos políticos de Quintana Roo persiste la versión de que aún existe una extensa red de propiedades que oficialmente no aparecen a nombre del exmandatario, pero que estarían vinculadas a exfuncionarios, empresarios cercanos y presuntos prestanombres que operaron durante su gobierno.
El nuevo golpe del SAT también revive episodios que continúan rodeados de sombras y silencio, como la ejecución de Capeline Lizárraga, un caso que en su momento generó múltiples especulaciones sobre presuntas disputas internas y relaciones con personajes cercanos al círculo borgista. Años después, diversos sectores siguen cuestionando que muchos de esos hechos nunca fueron completamente esclarecidos.
Mientras avanzan los embargos y procesos fiscales, crece la expectativa sobre posibles nuevas acciones legales contra bienes relacionados con el exgobernador, cuya figura continúa simbolizando para muchos quintanarroenses uno de los mayores escándalos de corrupción y abuso de poder en la historia del estado.
La caída política de Roberto Borge parecía escrita desde hace años, pero las investigaciones patrimoniales y financieras siguen revelando piezas de un entramado que, para muchos, aún está lejos de terminar.
