Ciudad de México.— La Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un episodio que dejó al descubierto tensiones políticas dentro del propio bloque oficialista y marcó uno de los primeros reveses legislativos del actual gobierno en materia constitucional.
El dictamen no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, luego de obtener 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lejos de los votos necesarios para su aprobación en San Lázaro.
La iniciativa buscaba modificar diversos aspectos del sistema electoral mexicano, entre ellos reducir el gasto público en materia electoral, ajustar el sistema de representación proporcional y replantear la estructura del Congreso, además de introducir nuevas reglas para la fiscalización de campañas y el uso de tecnología en los procesos electorales.
Sin embargo, el factor decisivo no fue únicamente la oposición legislativa. La reforma también encontró resistencia dentro de la propia coalición gobernante, luego de que diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se negaran a respaldar el proyecto en los términos planteados por el Ejecutivo federal.
El resultado expuso una realidad incómoda para el oficialismo: la llamada mayoría de la Cuarta Transformación no es automática cuando se trata de reformas constitucionales, que requieren consensos políticos más amplios incluso entre aliados.
Tras el rechazo, legisladores de Morena adelantaron que el proyecto no quedará archivado, pues analizan impulsar un “Plan B” mediante reformas a leyes secundarias que no requieren mayoría calificada y que permitirían retomar algunos de los cambios propuestos en la iniciativa original.
El episodio también reavivó el debate sobre el rumbo de las reformas institucionales en el país. Mientras el oficialismo defendía la propuesta como una vía para reducir costos del sistema electoral y fortalecer la democracia, sectores de la oposición sostuvieron que algunos de los cambios planteados podrían debilitar la pluralidad política y afectar la representación de minorías en el Congreso.
Más allá del resultado legislativo, el mensaje político fue claro: la correlación de fuerzas en el Congreso obliga al gobierno a negociar incluso con sus propios aliados, en un escenario donde las reformas estructurales ya no transitan con la misma facilidad que en años anteriores.
El rechazo en San Lázaro no solo frenó momentáneamente la reforma electoral; también dejó sobre la mesa una interrogante sobre la cohesión real de la coalición gobernante para sostener su agenda de transformación en los próximos años.
