Veracruz.– En Veracruz, la libertad de expresión no agoniza: ha sido enterrada bajo el gobierno de Rocío Nahle. El encarcelamiento domiciliario del periodista Rafael León Segovia confirma que el poder estatal ha optado por criminalizar la crítica y castigar al periodismo incómodo.
Aunque el delito de terrorismo fue descartado por insostenible, el mensaje del régimen no cambió: un año de prisión domiciliaria como escarmiento. No hubo terrorismo, pero sí represión. No hubo pruebas sólidas, pero sí castigo ejemplar. La justicia fue usada como arma política.
“La Fiscalía me odia por las cosas que he puesto”, dijo el periodista entre lágrimas. No es una frase al aire: es la radiografía de un Estado que persigue por publicar, no por delinquir. La Fiscalía General del Estado de Veracruz ajustó la acusación, pero mantuvo el encierro. El objetivo es claro: silenciar.
Bajo este gobierno, informar se paga con encierro. La prisión domiciliaria no es cautelar: es censura. Es la mordaza que pretende sembrar miedo en redacciones y reporteros. Veracruz vuelve a ser referencia nacional, no por garantizar derechos, sino por sofocarlos.
Cuando se cae el terrorismo y se sostiene la cárcel, la justicia deja de ser justicia y se vuelve venganza institucional. En Veracruz, hoy, no está preso un periodista: está presa la verdad. Y esa responsabilidad tiene nombre y apellido.
