Aguascalientes.— El modelo de elección de jueces por voto popular sufrió su primer golpe serio. Claudio Azul Bañuelos Jurado, juez electo de Control y Juicio Oral Penal, presentó su renuncia irrevocable al cargo apenas meses después de haber sido nombrado, dejando al descubierto las grietas de un experimento que nació entre aplausos políticos y serias dudas técnicas.
La dimisión se produjo tras un mes de licencia sin goce de sueldo solicitada para atender “asuntos personales”. El problema es que, concluido ese plazo, el juez no regresó a sus funciones. No presidió audiencias, no retomó actividades y su lugar fue ocupado por un sustituto, lo que en los hechos convirtió la licencia en antesala de su salida definitiva.
El caso no es menor. Bañuelos, con apenas 24 años, formó parte de la primera generación de juzgadores electos en las urnas en Aguascalientes. Su llegada al cargo ya había sido motivo de controversia: inicialmente, la autoridad electoral local le retiró el triunfo por falta de experiencia profesional, decisión que después fue revertida por un tribunal federal. Entró, sí, pero bajo la lupa.
Las críticas se intensificaron cuando se viralizó un video de una audiencia en la que incurrió en un error básico al pretender vincular a proceso a una víctima en lugar del presunto agresor. Aunque la situación fue corregida en el momento, el daño ya estaba hecho: la confianza pública quedó tocada.
Ahora, con su renuncia sobre la mesa, el mensaje es claro y preocupante. La justicia no admite improvisaciones. Elegir jueces como si fueran candidatos a un cargo político puede resultar atractivo en el discurso, pero en la práctica expone al sistema a fallas graves, vacíos de preparación y costos institucionales difíciles de justificar.
La salida de Bañuelos no sólo deja una vacante; deja una pregunta incómoda para el Congreso y para quienes impulsaron este modelo: ¿de verdad estaba listo el Poder Judicial para someterse a la lógica electoral, o el experimento se les vino abajo antes siquiera de empezar?
