CIUDAD DE MÉXICO.— El polémico caso que enfrenta a una jueza con un activista por haber advertido sobre su pasado como defensora de narcotraficantes podría escalar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reavivando el debate nacional sobre los riesgos de la reforma judicial y la elección de juzgadores en México.
La protagonista de la controversia es Silvia Rocío Delgado, hoy jueza penal en Chihuahua, quien en el pasado formó parte del equipo de defensa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Durante su candidatura judicial, el activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, difundió videos en los que calificó su aspiración como una candidatura “de alto riesgo” debido a sus antecedentes profesionales vinculados con la defensa de personajes del crimen organizado.
La respuesta de la entonces candidata fue presentar una denuncia por violencia política de género contra el activista y varios medios de comunicación. El litigio ha pasado por diversas resoluciones entre autoridades electorales y tribunales, incluyendo revisiones en instancias regionales, y ahora podría llegar a la Sala Superior, la máxima autoridad electoral del país.
El caso ha puesto nuevamente bajo la lupa uno de los principales cuestionamientos que enfrenta la reforma judicial: la calidad, trayectoria y perfil de quienes llegan a la judicatura. La controversia no sólo gira en torno al pasado profesional de Delgado —quien reconoce haber participado en la defensa de Guzmán Loera como parte de su ejercicio como litigante— sino también a que la crítica pública a ese antecedente terminó derivando en un proceso legal contra quien lo denunció.
Para diversos sectores de la sociedad civil y analistas del sistema judicial, el episodio evidencia los riesgos de abrir la puerta a perfiles altamente controvertidos dentro del Poder Judicial, al tiempo que coloca en el centro del debate los mecanismos de evaluación ética y profesional de quienes aspiran a impartir justicia.
La discusión se vuelve particularmente delicada al tratarse de jueces penales, responsables de resolver casos relacionados con delincuencia organizada. En ese contexto, el señalamiento de que una candidata haya participado en la defensa de uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo inevitablemente genera cuestionamientos sobre los filtros institucionales para su designación.
Mientras el caso avanza hacia instancias superiores, el episodio se ha convertido en un ejemplo de las tensiones que dejó la reforma judicial: la promesa de democratizar la justicia frente al riesgo de politizarla y debilitar los mecanismos de selección de jueces.
De llegar a la Sala Superior, el asunto no sólo definirá si existió o no violencia política de género, sino que también podría marcar un precedente sobre los límites entre la crítica pública y la protección de quienes buscan ocupar cargos judiciales, en un contexto donde la elección de juzgadores sigue siendo uno de los temas más polémicos de la vida institucional del país.
