La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha hecho pública este domingo su propuesta de reforma judicial. El documento, que surge desde la judicatura federal y local, llega in extremis como una alternativa a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. “La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”, ha dicho la ministra en una transmisión especial, en la que ha pedido a los senadores que valoren su proyecto: “Una vez más hago de frente un llamado respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la unión”. La reforma del presidente ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y esta próxima semana se discute en el Senado, donde Morena y sus aliados solo necesitan de un voto más para hacerla realidad.
Hace semanas que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura federal preparan su propio proyecto de reforma judicial. Este domingo, cuando quedan apenas un par de días para que la iniciativa de López Obrador pase su última barrera en la Cámara Baja, Norma Piña ha anunciado su lanzamiento. El documento, llamado “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, es —en palabras de la ministra— “una propuesta que surge de un proceso reflexivo y autocrítico de las jueces y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial, desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.
Acompañada de los ministros Jorge Pardo, José Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar, y de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña ha insistido en los fallos de la actual reforma judicial, que tiene como principal cambio la elección de los jueces por voto popular: “Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México”. “Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestro compromiso es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, ha afirmado.
La propuesta llega el mismo día que se han reunido las comisiones en el Senado para emitir su dictamen sobre la reforma. La presidenta del máximo tribunal de México ha defendido su proyecto como “parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo” con todos los actores del sistema de justicia federal y locales, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de la violencia. “Si tenemos el valor y la voluntad real hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, ha dicho Piña.
La presidenta de la Corte participó el viernes en una de las protestas organizadas por los trabajadores del poder judicial contra la reforma. Vestida con una camiseta blanca con los símbolos de la SCJN, del Gobierno de México y con la leyenda “Todos somos el PJF (Poder Judicial de la Federación)”, la ministra se tomó fotos con los asistentes y fue cobijada con consignas de agradecimiento por su oposición a la iniciativa. Solo un día antes, Piña inició dos consultas para saber si está facultada como presidenta de la Suprema Corte para frenar la aprobación de la reforma judicial.
El asunto se desprende de una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed), que considera que la propuesta de López Obrador es inconstitucional y viola el principio de independencia judicial. La organización pide a la SCJN que detenga el proceso legislativo como medida cautelar, algo que no tiene precedente en México. Piña turnó los dos asuntos a Lenia Batres, la última ministra nombrada por el presidente y una pública defensora de la reforma judicial. Será ella quien haga una propuesta sobre qué debe hacer el tribunal para que después sea discutido por el resto del pleno.
López Obrador criticó duramente a Piña por haber aceptado la solicitud de Jufed: “Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución”. El presidente aseguró que una intervención de la Corte en mitad del proceso legislativo “sería una intromisión burda” y una “arbitrariedad”: “No tiene fundamento legal”. Normalmente, la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma después de que es aprobada y no durante el proceso de discusión. La reforma fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados por la aplastante mayoría de Morena y sus aliados, y está ahora en manos del Senado.
