DZILAM GONZÁLEZ, Yucatán.— El terreno donde sicarios del crimen organizado ejecutaron a tres personas en este municipio costero pertenece a Esaú Dzib Reyes,un excandidato de Morena, un vínculo que ahora ha prendido las alertas políticas y de seguridad en toda la región.
La ejecución ocurrió a plena luz de la tarde dentro de un predio que, según registros oficiales, está inscrito a nombre de quien contendió por una candidatura local bajo las siglas del partido guinda. Lo que era una propiedad más en un pueblo tranquilo se transformó en un escenario de sangre y preguntas sin responder.
Fuentes ministeriales revelan que el ataque fue perpetrado por un grupo identificado como parte del Cártel de Caborca, organización criminal con presencia en la península que se disputa territorios y rutas con otras estructuras delictivas. Los agresores llegaron directamente al sitio y sin mediar palabra abrieron fuego contra los ocupantes del lugar.
Tres hombres perdieron la vida en el lugar. Entre ellos está Juan Carlos V., hijo conocido de un hombre considerado por vecinos como operador de narcomenudeo que había buscado refugio en Dzilam González tras moverse por zonas de Quintana Roo. Testigos aseguran que el predio era utilizado como punto de estancia y reunión de personas con perfiles delictivos, lo que lo habría convertido en objetivo del cártel rival.
Vecinos relatan que en los últimos meses observaron movimiento inusual de personas y vehículos en la propiedad, así como presencia de individuos armados de manera intermitente. A pesar de las señales, no hubo intervención visible por parte de las autoridades locales hasta que la violencia estalló con la ejecución múltiple.
La Fiscalía del Estado asegura el predio para continuar con las diligencias correspondientes. Las líneas de investigación apuntan a un ajuste de cuentas entre células delictivas vinculadas con el Cártel de Caborca, cuyos grupos operativos han intensificado sus acciones en varios municipios costeros, buscando controlar rutas de trasiego y asentamientos estratégicos.
La confirmación de que el lote donde ocurrió la masacre pertenece a un político que aspiró a un cargo bajo la bandera de Morena ha encendido críticas de ciudadanos, líderes sociales y opositores. Señalan que la tolerancia —o la falta de vigilancia— permitió que un punto susceptible a actividades ilícitas creciera sin freno, hasta convertirse en un “territorio tomado” por el crimen.
En redes y entre la sociedad de Yucatán circulan preguntas duras: ¿cómo es que un predio con antecedentes de movimientos sospechosos llegó a manos de un aspirante político? ¿Qué supervisión hubo sobre el uso que se le daba? ¿Cuándo la autoridad actuó para prevenir que ese lugar se transformara en un campo de violencia organizada?
La ejecución y los vínculos del terreno ponen en entredicho no solo la seguridad en Dzilam González, sino también la narrativa de combate al crimen que ha promovido el partido al que perteneció el excandidato. En lo local, dirigentes advierten que la posibilidad de que Morena vuelva a postular a ese personaje en 2027 se ha vuelto prácticamente inviable ante la percepción de cercanía con espacios que hoy están manchados por la violencia del cártel.
La investigación continúa y el predio permanece bajo custodia ministerial. Lo que allí sucedió ya no es solo una escena más de violencia en Yucatán: es un símbolo de la intersección entre poder, territorio y crimen organizado en un estado que, hasta hace poco, se consideraba ajeno a este nivel de enfrentamientos letales.
