El Gobierno de Estados Unidos inició una revisión integral de los 53 consulados que México mantiene en territorio estadounidense, una medida que podría derivar incluso en el cierre de algunas representaciones diplomáticas y que abre un nuevo frente de tensión bilateral.
La revisión fue ordenada por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, bajo la línea política de “America First” impulsada por Donald Trump. El objetivo es evaluar si la operación de los consulados mexicanos se ajusta a los intereses estratégicos de Washington.
La medida ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso estadounidense contra México en temas de migración, seguridad fronteriza, narcotráfico y presunta injerencia política.
México cuenta con la red consular más grande de un país extranjero en Estados Unidos, con presencia en ciudades clave como Los Ángeles, Houston, Chicago, Dallas, Phoenix y Nueva York, donde millones de connacionales realizan trámites, solicitan protección consular y reciben asistencia migratoria.
Un eventual cierre o reducción de operaciones afectaría directamente a comunidades mexicanas radicadas en Estados Unidos, especialmente a quienes dependen de estos servicios para documentación, orientación legal y apoyo ante procesos migratorios.
Hasta ahora, el Gobierno mexicano no ha fijado una postura amplia frente a esta revisión, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido previamente la labor de los consulados y ha rechazado señalamientos de injerencia en asuntos internos de Estados Unidos.
La decisión de Washington coloca nuevamente bajo presión la relación bilateral, en momentos en que ambos países enfrentan diferencias por seguridad, crimen organizado, migración y cooperación diplomática.
