Chetumal, Quintana Roo.— En un hecho que ha despertado indignación pública y fuertes críticas políticas, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente preso en un penal de Morelos por delitos relacionados con la función pública, recibió de vuelta dos propiedades embargadas desde 2018, ubicadas en el municipio de Cozumel.
De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la liberación de los inmuebles fue ordenada por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), instancia controlada por funcionarios vinculados a Morena, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles favores políticos y decisiones discrecionales dentro del aparato estatal.
Inmuebles liberados en la isla
Los terrenos devueltos se ubican en avenida Juárez número 660 y en avenida Rafael E. Melgar con calle 5 número 399, ambos en Cozumel. Dichos predios habían sido embargados en 2018 por mandato judicial, a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), como parte de una investigación sobre el presunto desvío y enajenación irregular de 22 inmuebles del patrimonio estatal, que causaron un daño al erario superior a 900 millones de pesos.
La medida inicial de aseguramiento pretendía impedir que Borge y sus familiares dispongan de dichos bienes o los utilicen en operaciones comerciales. Sin embargo, desde febrero de este año, las propiedades fueron liberadas a favor de la familia del exmandatario, lo que les permite volver a disponer de ellas libremente.
El contexto judicial
Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016, enfrenta varios procesos judiciales por delitos cometidos durante su gestión, entre ellos peculado, desempeño irregular de la función pública y lavado de dinero. En julio pasado, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos reclasificó su caso, elevando su responsabilidad de cómplice a líder criminal, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
El exmandatario es señalado también por su presunta colaboración con Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), acusada de facilitar la venta de terrenos estatales a precios muy por debajo de su valor real.
Ecos políticos y sospechas de favoritismo
La devolución de las propiedades se da en medio de un ambiente político marcado por reacomodos y acercamientos entre figuras del antiguo PRI y el partido Morena. Entre ellos destaca Mauricio Góngora, exalcalde de Solidaridad y excandidato a la gubernatura por el PRI, quien también fue encarcelado por delitos de corrupción y hoy busca reposicionarse políticamente bajo la bandera de la transformación.
Analistas y actores políticos locales advierten que la restitución de los bienes a Borge representa un retroceso en la lucha contra la impunidad y el combate a la corrupción, al tiempo que evidencia un posible uso político del aparato judicial y administrativo del estado.
Reacciones y cuestionamientos
Diversas voces dentro del ámbito político y social en Quintana Roo han exigido que se transparente el proceso mediante el cual el SAT estatal ordenó la liberación de los bienes, y que se aclare si existen criterios jurídicos válidos que justifiquen dicha decisión o si se trató de una resolución negociada con intereses políticos de fondo.
Mientras tanto, el exgobernador permanece recluido en Morelos, aunque con un escenario judicial cada vez más flexible, en contraste con los años en los que fue presentado como símbolo del saqueo y corrupción en Quintana Roo.
Con este episodio, el caso Borge vuelve a colocarse en el centro del debate público, avivando la percepción ciudadana de que la justicia en México sigue dependiendo más de las lealtades políticas que de la legalidad.
