La tragedia en Concordia apunta a un trasfondo todavía más oscuro. De manera extraoficial, circula un trascendido que sostiene que los mineros habrían sido asesinados por negarse a aceptar un incremento criminal en el cobro de extorsión impuesto por el grupo que domina la zona.
Según esa versión, la compañía minera entregaba 200 mil pesos mensuales como “derecho de piso”, una práctica aceptada en silencio por todos, pero jamás reconocida por el gobierno. Sin embargo, el grupo criminal habría exigido un salto desmedido: el 50% de la producción total. Al negarse, vino el levantón. Después, la tortura. Y finalmente, la ejecución cuyos restos terminaron en una fosa clandestina.
Nada de esto será reconocido oficialmente porque, como siempre, las autoridades prefieren simular que controlan un territorio donde mandan otros.
Y también como siempre, lo predecible: detendrán a algún operador menor, un “charalito” que servirá para la foto y para el boletín, mientras los verdaderos responsables —los que cobran, negocian y se benefician de la violencia— seguirán intactos.
Este trascendido apunta a lo que ya todos saben y pocos se atreven a decir: en la sierra de Concordia, el crimen y el poder político llevan años caminando juntos. Y cuando un grupo criminal está apadrinado por figuras con influencia, los capos mayores no se tocan, no se investigan y no se mencionan.
El resultado está a la vista:
- Mineros asesinados.
- Familias destrozadas.
- Un país sometido.
Y una impunidad que se ha convertido en política de Estado.
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