Una nueva polémica golpea al entorno del poder federal: al menos 300 contratos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en conjunto superan los 600 millones de pesos, han puesto bajo la lupa posibles redes de favoritismo que alcanzan a figuras cercanas al actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
De acuerdo con la revisión de estos contratos, parte de los recursos públicos terminó en empresas vinculadas directamente con familiares y actores políticos afines al oficialismo, lo que vuelve a encender el debate sobre la opacidad en el manejo del gasto militar.
Dinero público, conexiones privadas
Entre los casos que más ruido generan destaca un contrato por 7.8 millones de pesos otorgado a una empresa en la que participa Fabián Jorge Ebrard Casaubon, hermano del canciller, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de la asignación de recursos.
Pero no es el único caso. También se identificó un contrato de hasta 22.7 millones de pesos adjudicado a una cooperativa vinculada al dirigente sindical Martín Esparza, figura cercana al oficialismo.
El patrón es claro: contratos públicos que terminan en manos de perfiles con conexiones políticas, en un contexto donde el Ejército ha ampliado significativamente su participación en obras, servicios e infraestructura estratégica del país.
Militarización… y negocio
El dato de fondo no es menor. La Sedena no solo ejecuta obras emblemáticas del gobierno federal, también administra recursos multimillonarios en sectores clave, lo que la convierte en uno de los actores económicos más poderosos del país.
Y ahí es donde surgen las dudas: ¿quién vigila a una institución que, además de operar en seguridad, ahora maneja contratos, infraestructura y presupuesto con márgenes amplios de discrecionalidad?
Opacidad que incomoda
El manejo de estos contratos ocurre en un terreno particularmente sensible: el de la transparencia militar, históricamente limitado bajo argumentos de seguridad nacional.
Sin embargo, cuando el dinero público termina beneficiando a círculos cercanos al poder político, el argumento de la seguridad se queda corto frente a la exigencia de rendición de cuentas.
El fondo del problema
Más allá de los montos, el escándalo apunta a un problema estructural: la concentración de poder económico y político en instituciones con escaso escrutinio, donde las líneas entre interés público y beneficio privado se vuelven cada vez más difusas.
En un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, estos casos representan algo más que una inconsistencia: son una prueba incómoda de que las viejas prácticas no desaparecen… solo cambian de manos.
