Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026. — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, revisaron asuntos de extradición, investigaciones financieras e intercambio de inteligencia sobre redes criminales. El encuentro, programado desde finales de octubre, se celebró la semana pasada y se dio a conocer este lunes.
La inclusión de las extradiciones en la agenda abrió la pregunta sobre una eventual entrega a Estados Unidos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. En septiembre, Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, pidió públicamente a México que lo extraditara para enfrentar los cargos presentados por fiscales federales en Nueva York. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones. Hasta este lunes, ninguno de los dos gobiernos había confirmado públicamente que su caso se discutiera en la reunión o que se hubiera autorizado su entrega.
García Harfuch señaló que ambos países acordaron dar prioridad al combate al tráfico de armas hacia México y al de drogas hacia Estados Unidos, así como al rastreo de los recursos que financian a las organizaciones delictivas. El funcionario precisó que las operaciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.
La reunión se hizo pública un día después de que la Secretaría de Marina detuviera en un restaurante de Zapopan, Jalisco, a R. Á. A., alias «R2», señalado como presunto dirigente de una célula delictiva con presencia en Jalisco y Michoacán. García Harfuch informó que su localización se apoyó en trabajos del Centro Nacional de Inteligencia y en información compartida por la DEA. El detenido y un marino resultaron heridos durante el operativo.
Las autoridades mexicanas investigan la presunta relación del detenido con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en noviembre de 2025. R. Á. A. cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en México y otra con fines de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales relacionados con drogas y armas de fuego, según la DEA.
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