Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió testimonios, videos, mensajes de WhatsApp y registros financieros para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Los indicios apuntan a que quienes se beneficiarían de los contratos habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de los requisitos técnicos.
Por primera vez, la ASF trabaja directamente con informantes que buscan una reducción de eventuales sanciones a cambio de aportar información. Al menos tres personas vinculadas con empresas proveedoras habrían solicitado acogerse al programa. La Auditoría informó que seguirá el rastro de los recursos y buscará identificar a otros posibles involucrados.
La investigación tomó fuerza tras los señalamientos por contrataciones durante la presidencia de Guadalupe Taddei, quien renunció el 26 de octubre. El 5 de noviembre, el Consejo General del INE acordó solicitar una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026. También dispuso preservar la documentación de los contratos e integrar un inventario de compras. La ASF determinará el alcance de esa revisión.
Con el proceso electoral de 2027 en marcha, el Consejo General aprobó elaborar un plan para asegurar la continuidad de las contrataciones. Mientras tanto, quedan preguntas concretas por responder. ¿Qué contratos están bajo sospecha? ¿Quién autorizó sus condiciones? ¿Cuánto dinero público está comprometido y a dónde fue a parar?
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