México se prepara para aprobar una reforma arancelaria que impondrá gravámenes de entre 10 % y hasta 50 % a importaciones provenientes de países sin tratado comercial, particularmente de Asia, entre ellos China, Corea del Sur, India, Tailandia e Indonesia. La medida busca proteger industrias nacionales, pero abre la puerta a incrementos sustanciales en precios para consumidores y empresas.
Los nuevos aranceles afectarán sectores estratégicos como automóviles, autopartes, acero, productos siderúrgicos, textiles, calzado, electrodomésticos, muebles, juguetes, vidrio, cosméticos y artículos plásticos. En algunos de estos rubros, especialistas advierten que los costos finales podrían duplicarse debido a la dependencia de insumos asiáticos.
El gobierno federal justifica la medida como parte de un programa de protección industrial impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum para combatir la competencia desleal, fortalecer la manufactura nacional y corregir el desbalance comercial con Asia. Sin embargo, cámaras empresariales y productores alertan que el ajuste tendrá un efecto inmediato: mayores costos de producción, pérdida de competitividad frente a otros mercados, riesgo de despidos y aumento de precios para las familias.
El principal señalamiento es que los aranceles no atienden el problema estructural de fondo y, en cambio, trasladan la carga económica al consumidor. Además, la medida llega en un momento internacional delicado, donde México podría quedar atrapado entre la presión creciente de Estados Unidos y la respuesta comercial de China.
En este escenario, el país enfrenta una disyuntiva: proteger a sectores clave o exponerse a una escalada inflacionaria y a posibles consecuencias en materia de inversión extranjera.
El Congreso decidirá en los próximos días si aprueba la reforma o ajusta la estrategia para evitar un impacto mayor en la economía nacional. La discusión ya es uno de los debates económicos más relevantes del cierre de año.
