La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó nuevamente en el centro de la polémica política y diplomática tras resurgir detalles del acuerdo firmado con el gobierno de Texas para destinar más de 200 millones de dólares a vigilancia fronteriza, uso de drones, control del Río Bravo y cooperación directa en temas migratorios y combate al narcotráfico.
El convenio, suscrito junto al gobernador texano Greg Abbott, contemplaba intercambio de tecnología, monitoreo fronterizo y coordinación operativa en seguridad, en medio de la crisis migratoria que enfrenta la frontera norte de México.
Sin embargo, el acuerdo volvió a tomar relevancia luego de que la Fiscalía General de la República citara a comparecer a Maru Campos dentro de investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en territorio mexicano.
El tema escaló rápidamente al terreno político internacional debido a las dudas sobre el alcance legal de la cooperación directa entre un gobierno estatal mexicano y autoridades estadounidenses en materia de seguridad nacional, migración y combate al narcotráfico.
Sectores políticos y jurídicos cuestionaron si una administración estatal tenía facultades para comprometer recursos, operaciones tecnológicas y esquemas de vigilancia fronteriza en coordinación con Texas, particularmente en asuntos relacionados con soberanía, inteligencia y seguridad estratégica.
La controversia aumentó tras difundirse videos y declaraciones donde se menciona el uso de drones, sistemas de inteligencia y vigilancia permanente sobre la frontera, en coordinación con agencias estadounidenses.
Mientras tanto, dirigentes del PAN cerraron filas en defensa de Maru Campos y acusaron al gobierno federal de emprender una persecución política contra mandatarios de oposición.
Por su parte, el gobierno federal aseguró que la gobernadora no enfrenta una imputación formal y sostuvo que las comparecencias forman parte de investigaciones abiertas relacionadas con la actuación de agentes extranjeros en México.
El caso abrió un nuevo debate nacional sobre los límites de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en temas sensibles como seguridad fronteriza, narcotráfico, migración y participación de agencias extranjeras en territorio nacional.
