Cancún, Quintana Roo. La violencia silenciosa de las mafias del transporte público vuelve a exhibir la fragilidad del Estado de Derecho en Cancún. En distintos puntos de la ciudad, grupos de extorsionadores autodenominados “encargados” operan con total impunidad, intimidando a choferes de combis que se niegan a pagar las cuotas impuestas bajo amenaza.
Imágenes difundidas muestran a estos individuos apostados en paraderos y avenidas, impidiendo que las unidades trabajen o que los pasajeros aborden, mientras lanzan advertencias a quienes se atrevan a desafiar su control. Los choferes, cansados de los cobros ilegales, reconocen que las denuncias ante las autoridades “no sirven de nada”, pues los agresores regresan a las calles al poco tiempo.
“Si no pagas, te paran la combi o te rompen los vidrios; y si te quejas, van por ti”, contó un conductor bajo anonimato. Las cuotas oscilan entre 200 y 500 pesos diarios, dependiendo de la ruta y del número de pasajeros. Los extorsionadores actúan a plena luz del día, ante la mirada de peatones y policías que rara vez intervienen.
Este fenómeno no es nuevo: durante años, sindicatos irregulares, grupos criminales y líderes de ruta han mantenido un control violento sobre el transporte urbano, imponiendo su ley a base de miedo y complicidades. Hoy, la situación parece haberse recrudecido.
La ausencia de operativos efectivos y la falta de respuesta contundente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Instituto de Movilidad de Quintana Roo permiten que el crimen se disfrace de autoridad en las calles.
Mientras tanto, cientos de choferes continúan trabajando bajo presión, y miles de usuarios deben convivir con la incertidumbre de no saber si el próximo viaje terminará en una agresión o en un nuevo cobro forzado.
El transporte público de Cancún, vital para la vida diaria de la ciudad, está siendo secuestrado por la impunidad. Y mientras las mafias se fortalecen, la ciudadanía se hunde en la rutina del miedo.
