Ciudad de México.— En una decisión que ha encendido críticas y cuestionamientos en todo el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, al confirmar que Telemundo deberá pagarle 448 000 pesos por el uso no autorizado de su imagen.
El fallo, aunque estrictamente jurídico, golpeó la percepción pública: el máximo tribunal del país terminó beneficiando a una mujer cuya trayectoria estuvo vinculada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de las últimas décadas.
La Corte sostuvo que Ávila Beltrán conserva intacto su derecho a la propia imagen, pese a su historial criminal, y que ninguna empresa puede explotar su rostro o historia para obtener ganancias. La resolución descarta cualquier excepción por interés público o contexto delictivo, ubicando a la narcotraficante en una posición privilegiada frente a una corporación internacional.
Pero la controversia estalló porque, con este criterio, la SCJN manda un mensaje contundente: incluso figuras ligadas al narcotráfico pueden reclamar derechos económicos derivados de su propia fama, aun cuando esa notoriedad provenga del crimen organizado.
Analistas legales advierten que este precedente podría abrir la puerta para que otros personajes asociados al narco busquen cobros, regalías o compensaciones por el uso de su imagen en series, documentales o productos culturales inspirados en su vida criminal.
El caso de Ávila Beltrán es ilustrativo: su figura fue utilizada en la promoción de La Reina del Sur, una producción televisiva que generó ganancias multimillonarias. Tras la decisión de la SCJN, la narcotraficante podría ahora perseguir un reclamo muchísimo mayor: hasta 40% de las utilidades que la serie generó a nivel internacional.
Para muchos, el fallo exhibe una realidad incómoda: mientras miles de víctimas del narcotráfico siguen esperando justicia, la Suprema Corte otorgó un triunfo jurídico y económico a una mujer cuyo nombre quedó marcado por su relación con redes criminales.
La resolución ya generó debate dentro y fuera del país, y coloca al máximo tribunal mexicano bajo un escrutinio más severo, pues la decisión —aunque legalmente fundada— sacude el sentido común, irrita a la opinión pública y revela las grietas del sistema judicial frente a figuras del crimen organizado.
