La Presidencia de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, alertó que el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, que propone invalidad la segunda parte del Plan B Electoral, vulnera el principio de imparcialidad y la democracia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertiría en juez y parte si se aprueba.
“En su proyecto de sentencia, el Ministro Javier Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”, destacó la Consejería en un comunicado.
El Gobierno federal considera que el Ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano.
La Consejería recordó que durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el Ministro Javier Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar que “no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”. No obstante, agrega, “ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna”.
El Ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo.
“La confusión que atribuye el Ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, detalló la Consejería Jurídica.
Agregó que para favorecer la pretensión de la oposición, el Ministro Laynez Potisek “convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado”.
La Consejería Jurídica advirtió que en caso de aprobarse el proyecto del Ministro instructor, “la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el jueves un proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek que propone invalidar la segunda parte del llamado “Plan B”, es decir, el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Ministro solicitó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal que presentaran su contestación dentro del plazo legal. Asimismo, la SCJN señaló que la suspensión concedida a una parte del denominado “plan B” en materia electoral, daría paso a que “las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.
A través de un comunicado, la SCJN difundió el papado 19 de junio el proyecto del Ministro Laynez Potisek en donde se consideró que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera del llamado “plan B”, también se actualizaron en dicho caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
“La Cámara de Diputados [del Congreso de la Unión] jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, detalló la SCJN.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional indicó que el proyecto concluía que todas las violaciones, en su conjunto, mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, eran suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
