En lo que ya muchos califican como una postal perfecta del nuevo estilo judicial, la Suprema Corte decidió “hacer justicia”… pero en casa.
Con una votación mayoritaria, el máximo tribunal del país avaló un proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres que exenta al ISSSTE del pago de casi 6 mil millones de pesos en impuestos reclamados por el Gobierno de la Ciudad de México.
Hasta ahí, podría parecer un debate técnico sobre federalismo y régimen fiscal. Pero el detalle que convierte este fallo en dinamita política es otro: el ISSSTE está dirigido por Martí Batres… hermano de la propia ministra que presentó el proyecto.
Sí, leyó bien.
La resolución no solo revierte adeudos acumulados desde hace años por conceptos como predial, nómina y agua, sino que además establece que los inmuebles del Instituto —al estar destinados a un servicio público— no pueden ser gravados por autoridades locales.
El argumento jurídico suena sólido en papel: bienes federales, uso público, inmunidad fiscal. El problema no es el fondo… es el apellido.
Durante la discusión incluso se planteó la posibilidad de frenar el asunto por un evidente conflicto de interés. Pero la propuesta avanzó. No hubo freno, no hubo excusa, no hubo retiro. Se votó. Y se aprobó.
El resultado: la Ciudad de México pierde la posibilidad de cobrar una cifra que representa una porción significativa de su recaudación anual, mientras el ISSSTE —dirigido por el hermano de la ponente— queda blindado.
La ironía es brutal.
En un país donde se exige a jueces y ministros independencia, el caso terminó convertido en una especie de “justicia consanguínea”, donde la línea entre lo institucional y lo personal se volvió peligrosamente delgada.
Porque más allá de la interpretación constitucional, el mensaje político es otro: cuando el poder se concentra, también se protege.
Y si la Corte no cuida las formas, el fondo pierde legitimidad.
Al final, el fallo no solo exentó impuestos.
