La narrativa de “cooperación internacional” en materia de seguridad volvió a tensarse, pero ahora con un dato que rebasa cualquier discurso diplomático: agencias de Estados Unidos tendrán presencia directa dentro de la infraestructura policial de Chihuahua.
Un piso completo de la llamada Torre Centinela —el nuevo complejo de inteligencia del estado— fue asignado para que operen elementos de la DEA, el FBI, así como otras agencias estadounidenses, bajo un esquema de colaboración que, en los hechos, instala un enclave extranjero dentro del aparato de seguridad mexicano.
La decisión no es menor. Se trata de un nivel específico del edificio donde trabajarán analistas y personal técnico de inteligencia, en coordinación con fuerzas mexicanas como Sedena, Marina, Guardia Nacional y autoridades federales de seguridad.
Aunque el discurso oficial insiste en que se trata únicamente de intercambio de información, la dimensión del proyecto abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la cooperación y dónde empieza la cesión de control?
El propio gobierno estatal ha reconocido que ya se gestionan permisos para ampliar este modelo de colaboración, lo que implicaría formalizar aún más la presencia operativa de agencias extranjeras en territorio nacional.
Este movimiento no ocurre en el vacío. Se da en medio de una creciente polémica por la presencia de agentes estadounidenses en operativos en Chihuahua, especialmente tras incidentes recientes que evidenciaron falta de coordinación con autoridades federales mexicanas.
Incluso, han surgido señalamientos sobre la participación de agencias de inteligencia extranjeras en operativos antidrogas en la entidad, lo que ha encendido alertas sobre posibles afectaciones a la soberanía nacional.
En ese contexto, la instalación de un “búnker” para agencias de Estados Unidos dentro de una torre de seguridad estatal no parece un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia: la normalización de la presencia extranjera en tareas que, constitucionalmente, corresponden al Estado mexicano.
El problema ya no es técnico, es político.
Porque mientras se habla de coordinación, en los hechos se consolida una estructura donde agencias extranjeras operan desde dentro del sistema de inteligencia local. Y eso, guste o no, redefine la línea entre cooperación y subordinación.
