El libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra, volvió a colocar en el centro de la discusión pública al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, hoy cercano al primer círculo del poder.
La obra sostiene que Ramírez habría operado encuentros entre actores políticos de alto nivel y el empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, señalado mediáticamente como uno de los principales operadores del llamado huachicol fiscal en el norte del país. Carmona fue asesinado en 2021, pero su nombre sigue apareciendo en investigaciones relacionadas con contrabando de combustibles y presunto financiamiento político.
De acuerdo con el relato, Ramírez habría fungido como enlace para facilitar reuniones estratégicas con figuras del movimiento gobernante, en un contexto donde el financiamiento electoral y las redes económicas paralelas han sido tema constante de escrutinio. El libro sugiere que estos vínculos no fueron marginales, sino parte de una operación política más amplia.
El señalamiento golpea directamente a uno de los hombres más cercanos a la narrativa del poder. Ramírez Cuevas ha sido pieza clave en la construcción discursiva del proyecto político iniciado en 2018 y actualmente mantiene influencia en el entorno de Claudia Sheinbaum.
El trasfondo es delicado: si bien no existe imputación formal en su contra por estos hechos, la sola insinuación de intermediación entre operadores políticos y un personaje vinculado al mercado ilegal de combustibles abre preguntas sobre filtros éticos y controles internos dentro del movimiento gobernante.
También aparece en la ecuación el nombre de Américo Villarreal Anaya, mencionado en el contexto de relaciones políticas en Tamaulipas durante el auge del financiamiento atribuido a Carmona. El tema, inevitablemente, escala del terreno editorial al político.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre una investigación formal derivada de estas revelaciones. El libro, sin embargo, coloca presión pública y revive un debate incómodo: la frontera entre operación política y tolerancia a redes económicas ilícitas.
En un país donde el discurso oficial ha centrado su legitimidad en la lucha contra la corrupción, los señalamientos descritos en “Ni venganza ni perdón” obligan a una pregunta directa: ¿hubo simplemente encuentros políticos desafortunados o existió una red de interlocución que nunca debió existir?
El poder, cuando se ejerce sin matices, también queda expuesto sin defensas.
