Cancún, Quintana Roo.— La polémica iniciativa legislativa sobre el llamado “derecho a la propia imagen”, presentada en el Congreso de Quintana Roo, abrió un intenso debate político y jurídico en torno a los límites entre la protección de la imagen personal y el respeto irrestricto a la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y del orden constitucional mexicano.
La controversia escaló luego de que la gobernadora Mara Lezama Espinosa fijara públicamente su postura frente al tema, dejando claro que, más allá de la discusión legislativa, su convicción personal está del lado de la libertad informativa.
“Lo digo muy claro: soy periodista, soy comunicadora, siempre hablaré a favor de la libertad de expresión, siempre”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la iniciativa impulsada por legisladores del Congreso local.
No obstante, Lezama subrayó que su opinión se emite exclusivamente a título personal y desde su trayectoria profesional, reiterando que el Poder Ejecutivo debe respetar la autonomía del Poder Legislativo en la discusión y eventual aprobación de leyes.
“Soy sumamente respetuosa de cada uno de los poderes. Hablo en mi persona, porque yo soy el Poder Ejecutivo”, puntualizó.
La gobernadora recordó además que su identidad pública está profundamente vinculada al periodismo, una actividad que —dijo— forma parte de su vida incluso más allá de su paso por la administración pública.
“Yo hoy estoy aquí, pero en un año siete meses me voy a pasar allá. Es lo que soy: traigo en mis venas ser luchadora social, comunicadora, periodista, reportera”, añadió.
El trasfondo del debate no es menor. En términos jurídicos, la libertad de expresión y el derecho a la información están protegidos por los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana, así como por diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cualquier regulación que incida en el ejercicio periodístico suele ser observada con especial cautela por organismos nacionales e internacionales, precisamente por el riesgo de que se convierta en un mecanismo de censura indirecta o de intimidación judicial contra periodistas y medios.
Ese fue precisamente el punto que detonó la reacción del gremio periodístico en Quintana Roo. Diversos comunicadores señalaron que la redacción de la iniciativa podría abrir un amplio margen de interpretación jurídica que permitiría a personajes públicos, políticos o actores con poder económico iniciar litigios para frenar la difusión de información o investigaciones periodísticas bajo el argumento del uso indebido de su imagen.
En otras palabras, una norma mal diseñada podría convertirse en una herramienta de presión legal contra el ejercicio del periodismo.
Ante la presión pública, la diputada María José Osorio Rosas, una de las tres promoventes de la iniciativa, sostuvo un encuentro con periodistas y comunicadores para escuchar las preocupaciones del sector.
Durante la reunión, la legisladora ofreció disculpas y reconoció la inquietud generada por la propuesta, comprometiéndose a llevar al Congreso la solicitud del gremio para retirar la iniciativa en sus términos actuales.
“Escuché con atención las voces de periodistas, reporteros y comunicadores que acudieron a esta reunión. Como legisladora asumo el compromiso de ser portavoz de la solicitud para retirar la iniciativa en sus términos actuales; reitero mis disculpas con el gremio periodístico”, declaró.
Osorio Rosas explicó que la intención original de la propuesta no era limitar el trabajo periodístico, sino generar un marco legal que proteja a las personas frente al uso indebido de su imagen, especialmente ante el avance de tecnologías de inteligencia artificial capaces de manipular o comercializar imágenes sin consentimiento.
Sin embargo, el episodio dejó al descubierto una crítica cada vez más frecuente hacia lo que analistas llaman el fenómeno de los “neopolíticos”: actores políticos relativamente nuevos en la vida pública que impulsan iniciativas sin medir plenamente sus implicaciones constitucionales, jurídicas y democráticas.
La discusión legislativa sobre derechos digitales, protección de imagen y uso de inteligencia artificial es legítima y necesaria en un mundo donde la tecnología avanza con rapidez. Pero expertos coinciden en que cualquier intento de regulación debe partir de un principio fundamental: jamás puede colocarse por encima del derecho ciudadano a informarse ni del derecho de la prensa a investigar y publicar hechos de interés público.
Hasta ahora, la diputada Osorio Rosas ha sido la única de las tres promoventes que ha salido públicamente a dialogar sobre el tema. Sus compañeros legisladores Hugo Alday Nieto y Ricardo Velasco Rodríguez han mantenido silencio frente a la polémica.
En los próximos días, la legisladora adelantó que presentará una nueva propuesta con una redacción más clara que permita proteger a las personas frente a usos malintencionados de su imagen —especialmente mediante inteligencia artificial— sin afectar la libertad de expresión ni el trabajo periodístico.
El episodio deja una lección política evidente: cuando se legisla sobre derechos fundamentales, las ocurrencias legislativas pueden convertirse rápidamente en crisis democráticas. En un estado donde el periodismo ha enfrentado presiones históricas, cualquier intento de regulación que roce la libertad de expresión será observado con lupa por la sociedad.
