Miembros de la sociedad civil iniciaron este miércoles la recaudación de firmas para evitar que las canchas de tenis “Pancho Contreras”, localizadas a un costado del estadio “Beto Ávila”, sean demolidas para la ampliación del complejo deportivo.
De acuerdo con los manifestantes, la demolición de esos espacios es violatoria a los derechos humanos de los cerca de 5 mil menores que suelen ejercitarse ahí y que, desde hace dos semanas, tienen prohibido el paso por el inicio de la construcción.
Eduardo Sánchez, padre de uno de los menores, explicó que algunos de los derechos que se violan están establecidos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), específicamente en el apartado sobre el niño, niña y adolescentes.
Entre ellos está el artículo 12, que habla de que el Estado “garantizará al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan”.
Además del artículo 31 que “reconoce el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.
Agregó que además de la demolición de las canchas, la remodelación del estadio también comprende la desaparición del campo de fútbol “Guillermo Cañedo” y el estadio “Cozumel”, ambos localizados en las inmediaciones del inmueble deportivo.
Además, Brenda Amaro, una de las protestantes, dijo a Marcrix Noticias que ninguna autoridad les dio un aviso previo de la demolición y que hasta ahora, tampoco les han dicho a qué sitio serían reubicadas las canchas deportivas.
Es importante mencionar que la remodelación del estadio de béisbol está a cargo del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destinó 499 millones de pesos para la remodelación de tres estadios de la Liga Mexicana.
Los trabajos de remodelación del “Beto Ávila” en Cancún estarán a cargo de la firma Constructora Maíz Mier, que presentó las mejores condiciones legales, técnicas, económicas y administrativas en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás requisitos incluidos en la licitación pública.
Mientras que su edificación está pactada en un plazo de 170 días, lo que significa un periodo no mayor a seis meses.
