El encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Alfredo Cristalinas, garantizó que los recursos de los institutos políticos para los próximos procesos electorales estarán libres de financiamiento ilícito. Explicó que el INE cuenta con un equipo que fiscalizará los recursos privados y públicos.
Destacó que el organismo electoral deberá adaptarse a las condiciones para fiscalizar las candidaturas en 17 estados del país en los que habrán elecciones.
Para ello, agregó que utilizarán nuevas herramientas para la fiscalización; dispondrán de un sistema integral en el que las fuerzas políticas y los candidatos independientes se encargarán de subir la información necesaria.
“La institución tiene la capacidad para adaptarse a las condiciones, no esperamos hacer una fiscalización bajo el elemento tradicional, tenemos que utilizar las herramientas que están a nuestro alcance”, manifestó.
De acuerdo con el encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la Unidad de Inteligencia tiene contacto constante con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Tenemos implementado un mecanismo institucional de un tiempo para acá, que permite tener este tipo de estrategias permanentemente con las autoridades, haya o no procesos electorales”, informó.
Responsabilidad electoral
En su momento, Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del INE en Querétaro, aseguró que si bien trabajarán en la fiscalización, la responsabilidad de vigilar el dinero que ingresa a las campañas le corresponde a los actores políticos, para garantizar un proceso limpio.
Indicó que las autoridades que formen parte de la Unidad de Fiscalización también estarán atentas a impedir que se rebase el tope de los gastos de campaña, dado que en la reforma electoral es considerado causal de nulidad de elección, “por lo que es un tema delicado”.
Por ello es necesario, expresó, que los encargados de llevar este proceso de fiscalización al interior del INE puedan explicar el cómo. Las autoridades federales determinarán cómo participarán en el tema.
Fuente: (El Economista)
