Chetumal.- Por omisiones de exfuncionarios de la Secretaría de la Contraloría Estatal (SECOES) durante la gestión de Carlos Joaquín González, ya no se podrá recuperar 7 mil 705 millones 900 mil pesos, malversados por el exgobernador Roberto Borge Angulo y su gabinete.
Las carpetas de investigación prescribieron y solamente queda que los responsables sean sancionados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Las autoridades actuales señalan que el exgobernador Carlos Joaquín González, no tiene “culpa” en estas omisiones, no hay ninguna vinculación con los agravios y tampoco es investigado.
Así fue expuesto en conferencia de prensa por la secretaria de la Contraloría Estatal, Reyna Arceo Rosado; acompañada por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Edgar Ramírez Morales y; el director de la Consejería Jurídica del Estado de Quintana Roo, Carlos Felipe Fuentes del Río.
Las infracciones eran Aprovechamiento Ilícito del Poder y Omisión en el Desempeño de la Función Pública, mediante desvío de recursos simulados en contratos por adquisición de insumos y servicios; y mal manejo de fondos para programas sociales en apoyo y fortalecimiento del sector agropecuario.
La secretaria de la Contraloría Estatal, Reyna Arceo Rosado, informó que personal de nivel medio y directriz que le antecedió dejaron prescribir los delitos en materia administrativa cometidos por Borge Angulo y sus colaboradores, durante el periodo de abril de 2011 a septiembre de 2016.
Expuso en septiembre del 2022, en el proceso de entrega-recepción, se recibieron 513 expedientes por responsabilidad administrativa, del período 2011-2016, de los cuales 184 estaban activos.
El trabajo de la SECOES permitió hasta el 30 de junio pasado, se apliquen 65 sanciones, con 47 inhabilitaciones, de las cuales 41 están firmes. Sin embargo, no existe ninguna denuncia penal.
“Con la negligencia, los exfuncionarios tuvieron falta de ética y profesionalismo… Con su incompetencia perdieron la oportunidad de cumplirle al pueblo”, consideró Reyna Arceo.
La contralora del Estado reiteró con la prescripción de las carpetas administrativas, el daño patrimonial, correspondiente a siete mil 705 900 mil pesos, no será resarcido.
Pero aseguró con el Gobierno de María Elena “Mara” Lezama Espinosa todo ha cambiado, porque prevalece la transformación administrativa, y respetó a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, sobre todo, combate a la corrupción.
La afectación al erario quedó así: 73 millones 528 mil 746 pesos a la Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ); 483 millones 286 mil 987 pesos correspondientes al ejercicio de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a cargo de Javier Guillermo Molina; mientras que en la Unidad de Comunicación Social nueve millones 161 mil 38 pesos, a cargo de Rangel Rosado Ruiz.
258 mil 120 pesos en la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE); 196 mil 585 en la de Gobierno (SG); 550 mil pesos en Turismo (SEDETUR); 174 millones 73 mil 842 de la SEFIPLAN y Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDARPE).
En el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana roo (IPEE) se acreditaron irregularidades por 48 millones 307 mil 440 pesos: mil 522 millones 413 mil 500 pesos entre la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDARU).
En la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) hubo faltante de 55 millones 232 mil 390 pesos y 526 890 mil 537 en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
El desfalco en la Universidad Politécnica de Cancún ascendió a 97 millones 268 mil 299 pesos, mientras que en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) a cargo de Jorge Acevedo Marín, de 806 millones 616 mil 882 pesos.
En el Instituto para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA) se desvió un millón 212 mil 694 pesos; mil 377 millones 556 mil 238 pesos en Secretaría Estatal de Salud (SESA) y 195 millones 898 mil 361 en la SEFIPLAN.
VIPSAESA presentó faltante de nueve millones de pesos.
En el tema de salud, los recursos eran para la construcción de cinco hospitales generales y 733 centros de salud; mientras que, en el agropecuario, tres mil 504 kilómetros de caminos “sacacosechas” y 95 veces la inversión actual en el sector.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Edgar Ramírez Morales, indicó que su antecesora, Rosaura Villanueva Arzapalo, le dejó 854 carpetas y se está en proceso de revisión y análisis, para el pronunciamiento correspondiente.