Ciudad de México.— Una investigación del gobierno de Estados Unidos ha colocado bajo escrutinio a un funcionario vinculado a la llamada Cuarta Transformación, en el marco de un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las indagatorias, el caso gira en torno a una red de sobornos que habría operado entre 2019 y 2021, mediante la cual empresarios entregaron dinero en efectivo y beneficios indebidos a funcionarios de la petrolera a cambio de contratos estratégicos.
En el centro del caso aparece un personaje cercano al círculo de poder en Pemex durante esa administración, identificado como operador político y administrativo, con presuntos vínculos directos con la alta dirección de la empresa productiva del Estado. Según las investigaciones, este funcionario habría tenido participación en la asignación de contratos a empresas extranjeras, incluida una firma con sede en Texas que obtuvo acuerdos por cientos de millones de dólares para el suministro de equipos de perforación.
Las autoridades estadounidenses sostienen que parte de estos contratos fueron obtenidos mediante prácticas corruptas, incluyendo pagos ilegales y favores, lo que ha derivado en procesos judiciales en cortes de Estados Unidos contra empresarios involucrados, algunos de los cuales ya han reconocido su culpabilidad.
El caso no solo exhibe posibles irregularidades dentro de Pemex, sino que también abre una nueva línea de presión internacional sobre figuras vinculadas a la administración pasada, en momentos en que el combate a la corrupción sigue siendo uno de los ejes discursivos del actual gobierno.
Además, la investigación podría escalar a otros niveles, al analizarse posibles redes de complicidad que habrían permitido el flujo de recursos ilícitos dentro de la petrolera, una institución históricamente señalada por prácticas opacas en la asignación de contratos.
Este nuevo episodio vuelve a colocar a Pemex en el centro del debate político y judicial, tanto en México como en Estados Unidos, donde las autoridades han intensificado el seguimiento a operaciones financieras vinculadas a corrupción transnacional.
La investigación continúa en curso y podría derivar en nuevas imputaciones, mientras crece la presión para esclarecer el alcance real de esta red y las responsabilidades de los involucrados.
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