Cancún, Quintana Roo.— Una nueva modalidad de extorsión vinculada al suministro eléctrico encendió las alertas en el país y particularmente en Cancún, donde ciudadanos denuncian que individuos, e incluso presuntamente personal operativo, se hacen pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para exigir pagos ilegales bajo amenazas.
De acuerdo con reportes, los extorsionadores utilizan chalecos apócrifos y documentación falsa para simular inspecciones domiciliarias, argumentando supuestas irregularidades como la presencia de “diablitos” en las instalaciones eléctricas. Bajo este esquema, dejan avisos intimidatorios otorgando plazos de hasta 12 horas para cubrir multas que pueden alcanzar los 200 mil pesos.
La sofisticación del engaño ha escalado al uso de perfiles falsos en plataformas profesionales para aparentar cargos dentro de la empresa, lo que dificulta que las víctimas detecten el fraude al momento de solicitar identificaciones.
Sin embargo, la propia CFE ha reiterado que no realiza inspecciones sorpresa ni cobra multas en efectivo en los domicilios, por lo que cualquier intento de este tipo debe considerarse irregular y ser denunciado ante las autoridades correspondientes.
En Cancún, la situación ha generado mayor preocupación tras señalamientos de ciudadanos que aseguran que, en algunos casos, quienes ejecutan estas prácticas podrían ser trabajadores reales o coludidos, quienes presuntamente manipulan medidores, suspenden el servicio y posteriormente regresan con supuestas sanciones que ascienden hasta 200 mil pesos.
Bajo presión, a las víctimas se les exige el pago de hasta un 30 por ciento del monto como “arreglo”, configurando un esquema de extorsión que aprovecha tanto el desconocimiento como la necesidad del servicio eléctrico.
Especialistas advierten que este tipo de prácticas no solo representa un delito patrimonial, sino que también pone en riesgo la seguridad de las familias, al involucrar manipulación indebida de instalaciones eléctricas.
Ante este panorama, se exhorta a la población a no realizar pagos en efectivo, verificar siempre la identidad del personal y reportar cualquier irregularidad, mientras crece la exigencia de investigar a fondo posibles redes de corrupción y sancionar a los responsables.
