La narrativa política de la llamada Cuarta Transformación volvió a enfrentar cuestionamientos tras la exposición pública de Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez, exfuncionario de un gobierno municipal morenista en Tlaxcala, quien fue señalado como presunto deudor alimentario durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) y posteriormente provocó indignación al afirmar públicamente que las obligaciones con los hijos deberían terminar cuando concluye una relación de pareja.
El episodio ocurrió durante la movilización feminista, donde colectivos exhibieron a varios hombres acusados de incumplir con el pago de pensión alimenticia. Entre ellos apareció Vázquez Sánchez, quien al ser identificado por las manifestantes abandonó el lugar apresuradamente, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
De acuerdo con registros públicos, el señalado formó parte de la administración municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala, durante el gobierno encabezado por la alcaldesa morenista María Anita Chamorro Badillo. En esa gestión ocupó el cargo de Coordinador de Transparencia en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento.
Según el documento oficial con folio 1823829-2-2026974, Vázquez Sánchez percibía una remuneración neta anual de 137 mil 977 pesos por su desempeño como servidor público, con sede en el Palacio Municipal de San Dionisio Yauhquemehcan. Su encargo se mantuvo del 16 de marzo de 2022 hasta el año 2023.
Paradójicamente, el funcionario que formaba parte del área responsable de garantizar la rendición de cuentas y el acceso a la información pública terminó en el centro de una polémica relacionada con el incumplimiento de obligaciones familiares.
Tras la difusión de su caso, el propio Vázquez Sánchez encendió aún más la controversia al publicar un mensaje en redes sociales en el que intentó justificar su postura sobre la manutención de los hijos después de una separación.
En su publicación sostuvo que mientras existe una relación de pareja ambos padres deben contribuir al desarrollo de los hijos, pero aseguró que al terminar la relación también deberían concluir dichas obligaciones.
“Cuando una relación se termina, también se rompe la relación con la pareja”, escribió, comentario que generó una fuerte reacción en redes sociales y críticas de colectivos feministas, activistas y usuarios que calificaron sus palabras como una muestra de irresponsabilidad y desconocimiento de la ley.
Especialistas y organizaciones recordaron que la manutención de los hijos es una obligación jurídica que subsiste independientemente de la relación sentimental entre los padres. En el marco legal mexicano, el derecho de alimentos constituye un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes, por lo que su cumplimiento no depende de la continuidad o ruptura de la relación de pareja.
El caso volvió a colocar en el debate público la presencia de perfiles vinculados a gobiernos de la llamada 4T que, pese a promover discursos de igualdad y justicia social, enfrentan señalamientos por conductas que contravienen los principios que dicen defender.
Para colectivos feministas, la exhibición de presuntos deudores alimentarios durante las marchas del 8M se ha convertido en una herramienta de presión social frente a un problema estructural que afecta a miles de madres y menores en México, donde el incumplimiento de pensiones alimenticias sigue siendo una práctica recurrente y muchas veces tolerada por el sistema institucional.
La controversia también reaviva la exigencia de establecer filtros más estrictos para impedir que personas registradas como deudores alimentarios puedan ocupar cargos dentro de la administración pública, una demanda que diversas organizaciones han planteado en los últimos años para cerrar la puerta a la impunidad dentro del servicio público.
