La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero derivado del desvío de recursos públicos durante su administración. La captura ocurrió en Chihuahua capital y marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos del país.
La orden de aprehensión federal fue emitida en mayo de 2024, pero sólo pudo ejecutarse ahora tras obtenerse la autorización del gobierno de Estados Unidos —país que entregó a Duarte en extradición— para procesarlo por delitos adicionales a los que motivaron su retorno a México. Con ese visto bueno, la FGR reactivó de inmediato el caso.
Duarte será trasladado al penal federal de máxima seguridad en el Estado de México, donde permanecerá durante el proceso judicial.
Este nuevo señalamiento, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es la primera gran acción penal encabezada bajo la gestión de la nueva titular de la Fiscalía General, Ernestina Godoy. De acuerdo con las investigaciones, Duarte habría desviado recursos públicos mediante empresas fachada, contratos simulados y triangulación de fondos hacia cuentas personales dentro y fuera del país.
La captura vuelve a cimbrar al priismo nacional y reaviva el debate sobre la impunidad de los exmandatarios. Para analistas, la solidez de esta acusación será una prueba directa del compromiso real del Estado mexicano para combatir la corrupción estructural.
El caso Duarte regresa así al centro de la discusión pública, convertido en un termómetro político y judicial que podría definir el rumbo del combate a la impunidad en los próximos años.
