México vuelve a estar en el ojo internacional. Parlamentarios europeos denunciaron que el país atraviesa una crisis humanitaria de desapariciones, donde el Estado ha perdido el control frente a la impunidad y la violencia.
Más de cien mil personas siguen sin ser localizadas, mientras miles de familias recorren el país con palas, fotografías y esperanzas rotas, ante la indiferencia de las autoridades. Las cifras son tan devastadoras como el silencio oficial que las rodea.
Los legisladores europeos exigieron al gobierno mexicano asumir su responsabilidad y garantizar resultados concretos. Señalaron que los casos se acumulan mientras las investigaciones se diluyen entre burocracia, corrupción y desdén político.
El mensaje fue directo: México no puede seguir ocultando bajo discursos institucionales una tragedia que ya se ha vuelto estructural. La falta de justicia y la omisión del Estado se han convertido en una forma de violencia más.
La presión internacional crece, pero la respuesta del gobierno sigue siendo tibia. En un país donde las madres buscan lo que el Estado no busca, la palabra “desaparecido” ya no es una estadística: es la prueba de que el sistema ha fallado.
